ox, Calderón y Peña Nieto multiplicaron por cinco la deuda pública mexicana (de 2 a 10.5 billones de pesos, en números cerrados) y el grueso de los dineros obtenidos se destinó al pago de intereses… de ese mismo débito, que avanzó desaforadamente en los dos últimos gobiernos –por llamarles así–, uno panista, otro priísta.

Esa fue la constante, de la mano de la falta de crecimiento económico (2.1 por ciento como promedio anual en el periodo) y la ausencia de desarrollo social (avance sostenido de la pobreza). Esos tres gobiernos incrementaron la deuda pública –interna y externa– en alrededor de 8.5 billones de pesos, y de ese monto cerca de 4.5 billones se destinaron –oficialmente– al pago de intereses.

Como en tantos otros renglones, la deuda heredada al gobierno de López Obrador es un enorme cuan pesadísimo fardo para las finanzas públicas, y muestra de ello es que tan sólo en el primer año de su administración de las arcas nacionales salieron más de 660 mil millones de pesos (dos veces más que el presupuesto destinado a la educación pública en ese año) para pagar el costo financiero de dicho débito (interno y externo), de los que poco más de 647 mil millones se destinaron al pago de intereses (la diferencia, para cubrir comisiones y otras menudencias).

A ese ritmo no hay presupuesto que aguante ni recaudación que lo soporte, y lo peor del caso es que no existe información puntual sobre el destino que tuvo esa deuda (salvo en el renglón del pago de intereses), en el entendido de que el mandato constitucional es nítido: ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado, así como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29 (invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto).

De los 8 billones 500 mil millones de pesos de la deuda pública contratada en los gobiernos de Fox, Calderón (en sus respectivas administraciones, ambos registraron el mayor volumen de ingresos excedentes y aun así endeudaron a la nación) y Peña Nieto más de la mitad se canalizó al pago de intereses (cuando menos esa es la información que aparece en los informes oficiales de la Secretaría de Hacienda), y en ninguno de ellos el endeudamiento se utilizó para los fines que marca la Constitución.

Calderón y Peña Nieto pagaron alrededor de 3 billones de pesos por intereses de la deuda pública interna y alrededor de 80 mil millones de dólares (un billón y medio al tipo de cambio actual) por los correspondientes a la externa, todo ello en medio de la ostentosa ausencia de crecimiento y el avance sostenido de la pobreza.

Otro ejemplo puntual sobre el tamaño de la herencia es el rescate bancario, cuyos pasivos no dejan de crecer, a pesar de que anual y puntualmente se destina una gruesa partida presupuestaria para –versión oficial– amortizar la deuda que Ernesto Zedillo (en connivencia con el PAN y su bancada legislativa) impuso a todos los mexicanos. En el último cuarto de siglo por ese concepto se cubrió alrededor de un billón de pesos y resta por pagar un tanto similar, mientras los rescatados se han hinchado de utilidades.

Entonces, urge que el primer mandatario ordene una auditoría para conocer detalladamente el destino de la descomunal cuan onerosa deuda pública nacional y sancionar a los responsables, porque hasta ahora sólo se conoce a quiénes, gústeles o no, la pagarán de aquí a la eternidad: los mexicanos.

Las rebanadas del pastel

Por lo visto, en el gobierno de Peña Nieto eran muy descuidados, porque todo lo perdían. Por ejemplo, los 144 mil millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación denuncia que no aparecen en las cuentas de 2018.

cfvmexico_sa@hotmail.com