l gobierno de Boris Johnson aprovecha el abultado triunfo electoral de diciembre pasado para imponer medidas para controlar la economía; redefinir los límites del Poder Judicial; acomodar las relaciones con la prensa–incluida la BBC, a la que ha puesto en la picota– y con las universidades, ambas las considera insumisas; reordenar las condiciones de la sanidad pública con sesgos privatizadores y, por supuesto, replantear de modo radical la vecindad con la Unión Europea.

En este último caso, el gobierno se propone afianzar las fronteras por medio de medidas comerciales proteccionistas y con nuevas pautas sobre la inmigración.

Como líder del tramo final del Brexit, Johnson reclamó duramente: Retomar el control de las fronteras. Esto ocurre luego de que Gran Bretaña fue miembro de la Unión Europea desde 1973.

El asunto de la migración se posicionó de modo explícito en la disputa política de ese país desde hace más de una década. Debilitó al gobierno del laborista Brown y ahora se está consolidando políticamente.

El líder de los tories –el Partido Conservador– quiere cumplir y se propone una política migratoria que restringe la entrada de trabajadores con bajos niveles de calificación, mismos que predominan en ocupaciones como las fabriles, hoteles, restaurantes, construcción, almacenamiento y recolección agrícola, además de los que ingresan para trabajar de modo independiente.

Según la iniciativa que ya se ha propuesto, ésta se considera como una forma de resolver la severa distorsión del mercado laboral provocada por el libre movimiento de personas que existe en la Unión Europea.

La postura ha sido expresada claramente por la ministra del Interior, Priti Patel, de padres de ascendencia india y que llegaron en la década de 1960 de Uganda para establecerse como comerciantes. La cuña aprieta.

Patel lo puso así: Queremos a los mejores y los más brillantes. Es, pues, una política laboral de selección a la carta. La tienen, con sus propios rasgos, otros países, como Australia.

Los puestos de baja calificación, según la iniciativa, habrán de llenarlos trabajadores nacionales. De tal manera, afirman desde el gobierno, se cumple la oferta hecha a los que votaron el Brexit para reducir la entrada de fuerza de trabajo desde otros países de la UE y la inmigración en general. Este último parece ser el objetivo principal.

El programa del gobierno crea un sistema en el que los inmigrantes obtengan una puntuación máxima de 70 en un esquema de requisitos prestablecidos para lograr el permiso de trabajo correspondiente.

La cuestión laboral siempre está en el centro de las realineaciones en los mercados. Habrá que ver hasta dónde llega esta postura y las disputas que habrá con las empresas y los sindicatos.

En este caso sobresale el giro a la derecha del gobierno británico. Igualmente, se verá cómo se rehace el Partido Laborista después de la debacle electoral, así como otras fuerzas políticas.

En el mercado laboral transfronterizo hay muchos casos de selección de extranjeros que se acepta recibir para trabajar legalmente. Un caso relevante en Europa ocurrió entre 1955 y 1973 con el programa de Gastarbeiter (trabajadores invitados) de Alemania Occidental, en aquella época.

De ahí hasta la constitución del área Schengen, que suprimió en 1985 los controles fronterizos internos de una serie de sólo cinco países y que ahora cuenta con 26, hay un gran trecho. Además, hay que considerar las grandes corrientes de inmigración de naturaleza muy variada que han ocurrido desde entonces. Gran Bretaña no era parte de Schengen.

El sesgo de Johnson responde a otras motivaciones. Pretende conseguir una nueva concentración de poder en un entorno que se repite actualmente con características diversas en otras partes del mundo: China, Estados Unidos y Rusia son sólo algunos ejemplos. Un patrón que entraña un verdadero cambio cultural que de una forma u otra se ha ido fraguando desde la década de 1990.

Trump se propone revalidar su presidencia, Xi ser líder vitalicio, Putin recomponer la estructura de su estricto control político. Los italianos han frenado por ahora a Salvini, en Francia sobrevuela la xenofobia de Le Pen.

Hay versiones de estos giros que indican cómo se inclina ahora el mapa político e ideológico. Cuando eso ocurre hay quienes resbalan; a muchos les ocurre por su fragilidad social, a otros por incompetencia en la lucha por el poder frente al autoritarismo y en general sucede por tolerarlo.

El caso es disminuir al otro, relegarlo, oprimirlo, discriminarlo y, si se puede, desterrarlo. Un caso que va más allá de lo anecdótico es el que protagonizó la alcaldesa del municipio de Vic en la provincia de Barcelona. Según reporta el diario Vanguardia: Se dirigió a catalanes autóctonos, a los que reclamó que no hablen en castellano a gente que por su acento o su aspecto físico no parece catalana. Los ciudadanos saben ahora que es una consumada antropóloga.