Del 2 al 27 de marzo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizará el Censo de Población y Vivienda, máximo ejercicio estadístico en el país, que a cuestas lleva 125 años de historia. Los riesgos de mayor peso en esta edición son la inseguridad en las calles y la protección de los datos personales, explicó en entrevista Édgar Vielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas.

Ningún censo ha sido fácil y si bien supone el mayor ejercicio cívico en tiempos de paz, en la primera mitad del siglo pasado estaba normalizada la falta de seguridad, explicó.

Luego de ello, después de la mitad del siglo, hubo una menor exposición a los choques de inestabilidad, pero ahora se está elevando el grado de complejidad de la seguridad y sin duda tenemos que aumentar las alertas para la realización de este censo, admitió.

Como contramedida el Inegi tiene activos mapas de riesgo para reducir cualquier afectación, pero también busca restar en otros ilícitos, como el robo de datos personales.

Por primera vez en la historia se está haciendo un incremento exponencial en el protocolo de seguridad de los datos personales. Siempre lo hemos tenido, pero ahora toda la infraestructura que se está desarrollando abona a la protección de esa información con un nivel de seguridad nunca visto, agregó.

Detalló que en los 125 años que preceden al Censo 2020, el ejercicio se había efectuado mediante entrevista cara a cara y en papel. Ahora, por primera vez se hará con dispositivos móviles y la información va a ser encriptada para que una vez cargada a los dispositivos electrónicos ni los encuestadores puedan revisarla.

Incluso, para las personas que prefieran llenar el cuestionario por cuenta propia y sin la intervención de un encuestador –sea por temas de seguridad o falta de tiempo– existirá la opción de hacerlo vía telefónica o por Internet a partir de una carta-invitación que se les presente. Esa gente tendrá tres días para responder.

Detalló que se pedirá a una persona de 18 años o más que conozca las características de las personas que habitan en la vivienda. No vamos a pedir información sobre tarjetas de crédito ni la credencial del INE. De hecho, ni siquiera apellidos.

Las preguntas están orientadas a consultar sobre si las personas cuentan con servicios de agua, luz, tecnologías de la información, el número de habitantes en el hogar, su nivel educativo, acceso a servicios de salud.

Cosas muy genéricas, pero que son muy importantes para el conocimiento y la dimensión sociodemográfica del hogar. Son diversos componentes, pero todos en ese tenor. Cosas sensibles, el Inegi no las va a requerir ni hoy ni mañana ni en mil años, subrayó.

Vielma Orozco agregó: Nadie puede usar la información para otra cosa que no sean fines estadísticos. El ejercicio es para actualizar las condiciones de la población y afinar las decisiones sobre política pública, pero no tiene efectos judiciales ni hacendarios.

Por eso recalcó la invitación a que las personas respondan a los encuestadores. La ley contempla multas que van de 500 a 3 millones de pesos en caso de que alguien no responda.