Tras una serie de mesas de trabajo realizadas el 17, el 18 y el 19 de febrero, la Secretaría de Movilidad (Semovi) y 101 de 128 organizaciones de transportistas de la capital del país alcanzaron acuerdos que regirán el proceso de mejora del transporte público, informó la dependencia capitalina.

Entre esas 101 organizaciones está la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), que cuenta con 9 mil agremiados distribuidos en 38 rutas, corredores y siete empresas de Metrobús.

Los acuerdos alcanzados se basan en cuatro ejes: dignificación y acceso a la salud para los operadores; regularización, supervisión y certidumbre; sustitución de las unidades más viejas y bonos de combustible en apoyo a los usuarios.

Para el caso de la dignificación se tiene contemplada la adhesión de operadores al Instituto Mexicano del Seguro Social, misma que correrá a cargo del gobierno de la ciudad.

Asimismo, se buscará la profesionalización de su servicio mediante sensibilizaciones y talleres de diversa índole, así como cursos impartidos por el Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México (Cenfes) y el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT). También se comprometieron al uso obligatorio de uniformes.

Regularizar unidades

El eje de regularización, supervisión y certidumbre buscará la regularización documental de todas las unidades del transporte concesionado. Para ello, la Semovi agilizará la tramitología para que los prestadores de este servicio estén al corriente a la brevedad y se darán prórrogas a quienes así lo soliciten para darles certeza jurídica, a fin de poder desarrollar los nuevos títulos de concesión que se otorgarán.

Además, se dará seguimiento a la instalación de dispositivos tecnológicos de supervisión y seguridad (GPS y botones de pánico). Para garantizar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito se prevé el uso de las tecnologías del C5, a fin de mejorar el ordenamiento vial, así como la creación de un sistema de sanciones por medio de puntos que, en caso de perderse, podrían desembocar en la pérdida de la licencia del operador. El Instituto de Verificación Administrativa apoyará en las revisiones preventivas.

El tercer eje contempla la sustitución, en orden de antigüedad, de las unidades que han rebasado su vida útil, en especial las que tienen más de 25 años.

La última de las acciones, que emprenderá el gobierno local, será el apoyo a los usuarios del transporte público mediante un subsidio al combustible.

De esta manera, será posible implementar mejoras del servicio sin afectar la economía de la ciudadanía y mejorar, al mismo tiempo, la situación de los costos de operación de los concesionarios, señaló la dependencia .