El Estado mexicano llegó tarde para hacer frente a la violencia contra las mujeres, señaló ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Reconocemos que hemos llegado tarde para brindar este mensaje, que han existido limitaciones, que las políticas públicas no han tenido articulación en muchas ocasiones ni la eficacia necesaria para enfrentar el grave problema, agregó.

Al término de una reunión de cuatro horas con funcionarios, académicas y legisladoras, prometió elevar el tema a máxima prioridad nacional, y como elemento central, recomendó la búsqueda inmediata de cualquier mujer reportada como desaparecida, medie o no una denuncia en fiscalías.

Después del feminicidio de Fátima, de siete años, integrantes de la estructura gubernamental plantearon la urgencia de componer el discurso ante este problema e impulsar una nueva narrativa desde el Presidente de la República, según comentaron asistentes a la sesión, como Lourdes Enríquez, del programa de bioética e integrante del Centro de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Más tarde, ante la prensa, Sánchez Cordero admitió que las acciones aplicadas hasta ahora no han sido eficientes y expresó su reconocimiento a las distintas demandas de los movimientos feministas, y fue enfática en la responsabilidad del Estado para hacer frente a la violencia feminicida.

Sostuvo que el mensaje anterior coincide con el emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y reiteró su apoyo al paro de mujeres convocado para el 9 de marzo.

Hasta donde yo tengo entendido, respondió a pregunta expresa, yo creo que hay una mala interpretación. El Presidente dijo que está abierto a todas estas manifestaciones, ideologías y posiciones.

Flanqueada por funcionarios de distintas dependencias, la secretaria de Gobernación ofreció cambiar la forma en que hasta ahora han actuado y enumeró distintas acciones para atender las fallas, duplicidades y obstáculos del sistema. Además de la búsqueda inmediata de mujeres reportadas como desaparecidas, pidió al Poder Judicial dictar medidas de protección a mujeres en riesgo y víctimas de violencia.

Se comprometió a atender los municipios con mayor nivel de violencia y pidió a los gobernadores, fiscalías y poderes judiciales de los estados hacer realidad el compromiso contra las violencias.

Agregó que las feministas que ahora estamos en la administración pública no darán la espalda a quienes pugnan por resultados y les puertas abiertas del gobierno a todas ellas.