Sao Paulo. El estado brasileño de Ceará, donde la policía militar está amotinada en protesta por mejoras salariales, registró 51 asesinatos en 48 horas, informó la Secretaría de Seguridad regional citada ayer por la estatal Agencia Brasil.

Los homicidios se produjeron entre el miércoles y el viernes. El número de casos prácticamente quintuplica el promedio de seis por día registrado desde inicios de año en ese estado, según la misma fuente.

El gobierno del presidente Jair Bolsonaro envió ayer efectivos militares y de la Fuerza Nacional (que actúa a pedido de los estados), para reforzar la seguridad.

Esto es algo serio. Si estamos en una guerra urbana, tenemos que enviar gente para resolver ese problema, dijo Bolsonaro.

Efectivos de la Policía Militar (PM, un cuerpo de mantenimiento del orden que depende de la autoridad de cada estado) se amotinaron esta semana, tras infructuosas negociaciones por aumentos salariales.

El martes, un grupo de policías armados y encapuchados atacó patrullas en Fortaleza, la capital del estado.

Desde el miércoles, la situación empeoró. Medios locales registran este viernes al menos 10 batallones de la PM –de los 43 existentes en el estado– invadidos por hombres encapuchados, así como el robo de patrullas y la destrucción de instalaciones policiales.

Nueva ola de violencia

También el miércoles, el senador de centroizquierda, Cid Gomes, fue baleado cuando, a bordo de una retroexcavadora, intentó romper un piquete de policías amotinados en Sobral, ciudad a 230 kilómetros de Fortaleza.

El estado del ex ministro de Educación del gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016) y hermano del ex candidato presidencial Ciro Gomes se mantiene estable, según los partes médicos.

Más de 300 policías militares son objeto de investigaciones o acciones disciplinarias por su presunta participación en actos de paralización o vandalismo, de acuerdo con los reportes.

Ceará fue paralizada hace un año por más de 200 ataques de facciones criminales por el endurecimiento de las medidas de seguridad en las cárceles.

Una nueva ola de violencia se produjo en septiembre.