Además de las 47 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) por irregularidades en la cuenta pública 2018, existen otras 177 recomendaciones notificadas por el órgano auxiliar del Congreso capitalino a diversos entes que podrían desembocar en acciones penales y administrativas.

En total, se emitieron mil 539 recomendaciones por 194 auditorías practicadas al ejercicio 2018, concentradas principalmente en dependencias (460), entidades (415) y alcaldías (359).

El presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la ASCM, José Luis Rodríguez Díaz de León, destacó que en el caso de las denuncias es la primera vez que el órgano auxiliar de fiscalización del Congreso hace uso de su facultad para presentar directamente las querellas por actos u omisiones que impliquen daño al erario.

Aseguró que lo más importante es que se podrá dar seguimiento real, a diferencia de años anteriores en que no se conocían consecuencias de las irregularidades detectadas en la fiscalización.

Adelantó que la próxima semana solicitará información a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de la Contraloría sobre las denuncias presentadas, algunas desde noviembre pasado.

Cinco recomendaciones se generaron de la auditoría practicada al mismo Congreso en el capítulo 1000, servicios generales, a partir de una petición ciudadana para verificar los procesos de basificación del personal sindicalizado en ese año, cuando finalizó labores la ALDF y se constituyó el Congreso.

La revisión arrojó que se crearon 78 plazas cuya descripción de puesto no coincide con los tabuladores salariales aprobados, no se supervisó que la contratación de personal para cubrir vacantes mantuvieran percepciones y nivel autorizados, entre otras irregularidades con el personal de base, suplente y por honorarios.

Por otra parte, en un proceso individual que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) practicó al Fondo de Capitalidad –que en 2018 ejerció 2 mil 500 millones de pesos para financiar obras en materia de movilidad, seguridad y servicios– no se presentó documentación justificativa y comprobatoria por un total de 307 millones de pesos.

La ASF analizó 92 por ciento de los 2 mil 500 millones de pesos. De ese trabajo se generaron 14 observaciones de las cuales el gobierno de Miguel Ángel Mancera solventó tres y de las 11 que quedaron pendientes el ente revisor promovió acciones de responsabilidad administrativa sancionatoria.