Investigadores de instituciones académicas y de organizaciones de derechos humanos, ex presos políticos y familiares de desaparecidos se manifestaron frente al Archivo General de la Nación (AGN) para exigir la apertura total e irrestricta de los expedientes de la guerra sucia y de los actos cometidos por el Estado mexicano contra las garantías fundamentales.

En la protesta, denominada “Contra el olvido de los crímenes y violencias del Estado. ¡Archivo, memoria y justicia ya!, se presentó un manifiesto en el que se exige no sólo que se abran más documentos, sino que los que ya tiene el AGN se inserten en políticas de justicia, memoria y verdad.

Estos no son los únicos acervos que prueban la represión y la violencia del Estado. Pronto llegarán otros del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Necesitamos dar cuenta de los archivos de reclusorios estatales y de las policías judiciales y locales. Los queremos todos. Falta que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregue los documentos sobre las violaciones a derechos humanos, no que se muestran exclusivamente aquellos contra actores políticos, como hemos visto en el presente, dice el texto leído en el acto por la historiadora Aleida García Aguirre.

Pasadas las 10 de la mañana y casi hasta mediodía, los manifestantes se apostaron frente a la entrada principal del edificio, ubicado en la avenida Eduardo Molina, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde elementos de seguridad les pusieron trabas para ingresar al inmueble.

Ahí estuvieron, entre otros, Florentino Jaimes Hernández, de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria; Lourdes Uranga López, del Frente Urbano Zapatista; Manuel Anzaldo Meneses, ex guerrillero de la Liga 23 de Septiembre; Alberto Híjar, de las Fuerzas de Liberación Nacional; Antonio Guzmán Vázquez, del Colectivo Memoria en Movimiento-Brigadas Politécnicas 1967-1971, e Ignacia Rodríguez, La Nacha, ex líder estudiantil, quienes en diferentes momentos fueron luchadores sociales, dirigentes del movimiento del 68 y todos ellos ex presos políticos. Estaban también familiares de desaparecidos políticos.

Aleida Aguirre explicó que a pesar de que ya están abiertos y con acceso al público muchos de los archivos de aquella época sobre violaciones constantes a los derechos humanos, principalmente de las décadas de los 60 y 70, el acceso es paulatino y con muchas trabas.

Además, explicó se presenta como si los archivos abiertos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y algunos de la Sedena fueran el universo de esa época y de las violaciones cometidas por el Estado, cuando de ese mismo periodo no se tiene documentación necesaria, por ejemplo, de los reclusorios estatales y de las policías judiciales y locales, que también intervinieron en muchos de estos casos.