El estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Chiapas y la Ciudad de México ya tienen una fiscalía especializada en delitos de género o de feminicidio; sin embargo, se requiere que más entidades se sumen a esta medida, que cuenten con unidades específicas para combatir la violencia contra las mujeres, manifestaron organizaciones feministas.

Sobre la aprobación legislativa que incrementa las penas contra los feminicidas, representantes de las organizaciones civiles destacaron que sólo podrá sumar para erradicar este flagelo si se procesa a los agresores, pues prevalece la impunidad.

Ante la posibilidad de que el gobierno federal impulse como iniciativa preferente la creación de fiscalías especializadas en feminicidios, Ana Elena Contreras, del colectivo Las del Aquelarre Feminista, consideró que son necesarias, pero es importante que al frente estén personas con experiencia en la materia.

En el caso de la Ciudad de México, señaló que se está buscando candidatos para la fiscalía que fue presentada en mayo de 2019, e indicó que varias organizaciones están impulsando a la abogada feminista Sayuri Herrera.

¿Qué casos atienden?

Ana Yeli Pérez Garrido, directora de Justicia Pro Persona, expuso que es importante la creación, dentro de las instituciones de procuración de justicia, áreas especializadas para la atención de los delitos, sobre todo de feminicidio, desaparición forzada y violencia sexual. No importa el nivel jerárquico que tengan.

Indicó que en los estados donde ya existen las fiscalías, el cuestionamiento es qué casos atienden. Explicó que en la capital del país, a la agencia especializada sólo le llegaban las denuncias cuando ya las clasificaban como feminicidios, pero si no se hacía ruido o se iniciaban en las agencias del Ministerio Público territoriales, ahí se quedaban.

Viridiana Valgañon, abogada de Equis Justicia para las Mujeres, indicó que pareciera que con estas fiscalías se trata de generar un Ministerio Público especializado en el delito, cuando en realidad se requiere lograr que toda la cadena de impartición de justicia sea sensible y mínimamente especializada.

Acerca de la aprobación en la Cámara de Diputados de una reforma por la cual se sanciona el feminicidio hasta con 65 años de prisión (cinco más que la pena vigente), manifestaron que no soluciona lo importante, que es combatir este flagelo, y sólo se logrará con la implementación de medidas estructurales.

De qué sirven las sanciones más altas si sólo vas a castigar a uno por ciento de los agresores y no estás atendiendo debidamente a las víctimas, destacó Pérez Garrido.