mpúdicos hasta el tuétano, Germán Larrea y su Grupo México se jactan de una decisión para favorecer todo esfuerzo orientado a reconfortar a los deudos y responder a la solicitud del Presidente de la República para facilitar una nueva búsqueda de los restos de los mineros fallecidos hace 14 años (mina Pasta de Conchos, 19 de febrero de 2006).

El grado de cinismo del barón es superlativo, porque si algo hizo a lo largo de esos 14 años fue evitar, a toda costa, el rescate de los mineros fallecidos y evadir –con el apoyo del régimen– cualquier responsabilidad ética y legal por el homicidio industrial cometido en la mina Pasta de Conchos.

Resulta que Grupo México, propiedad de Larrea, divulgó un comunicado en el que anuncia que “entregará el título de concesión El Olivo (Pasta de Conchos), en respuesta a la solicitud del Presidente de la República, para disponer de la mina y que su gobierno reanude esfuerzos encaminados a la recuperación de los restos de los mineros fallecidos en 2006; su consejo de administración (en el que participan, como independientes, Claudio X. González Laporte y Antonio del Valle Ruiz) resolvió atender dicha solicitud… una decisión voluntaria de la empresa, sin que cause precedente” (no le vayan a cancelar Cananea).

En realidad, el mensaje del procaz barón es simple: me vale, y si López Obrador quiere rescatar los cuerpos de los 63 mineros fallecidos, pues que lo haga él. Y regresar el título de concesión (otorgado por la Secretaría de Economía en 1985) es otra tomadura de pelo, porque desde el inicio de sus operaciones Larrea le sacó las tripas, a razón promedio mensual de 30 mil toneladas de carbón (de acuerdo con su propia información).

El cínico corporativo asegura que el lamentable accidente (léase homicidio industrial) resulta ser “la experiencia más dolorosa que ha vivido a lo largo de 83 años de operaciones en el país. Desde el primer momento, la empresa activó todos los recursos humanos y técnicos a su alcance para intentar rescatar a sus compañeros. Los esfuerzos se prolongaron por 14 meses y participaron en ellos 270 rescatistas expertos… Los intentos de rescate continuaron sin interrupción, incluso después de tener certeza de que los mineros no podían continuar con vida, hasta que las evidencias científicas y técnicas disponibles en ese momento indicaron que seguir con la búsqueda significaba un serio riesgo para la integridad y la vida de los rescatistas. Ante ello, las autoridades ordenaron la suspensión de esas labores”.

Falso: la suspensión de las labores de rescate no se dio 14 meses después de la explosión, sino a solo cinco días de los acontecimientos –si es que en ese lapso algo hicieron–, y quien dude que le pregunte al entonces secretario foxista del Trabajo, Francisco Javier Salazar, y a Javier García de Quevedo, presidente de Grupo México; a Arturo Bermea, director general de Industrial Minera México, y a Rubén Escudero, gerente de la planta, quienes fueron correteados por los deudos al grito de no detengan los trabajos; háganlo por humanidad, sigan buscando, no losdejen abajo. Y allí los dejaron, con la connivencia de tres gobiernos (Fox, Calderón y Peña Nieto).

Larrea se amparó para evitar que una resolución judicial lo obligara a iniciar el rescate de los cuerpos. Los mineros le importan un comino, al tiempo que su empresa asegura no estar obligada a realizar los trabajos ni ser responsable de los costos y eventuales indemnizaciones por daños (denuncia de la organización Familia Pasta de Conchos). Una y otra vez, el barón se ha lavado las manos y evadido su responsabilidad. Ahora avienta la papa caliente, pero el rescate de los cuerpos aportará la evidencia y demostrará la culpabilidad legal de la empresa en este homicidio industrial.

Las rebanadas del pastel

Si el presidente López Obrador agradece públicamente que soldados y marinos no escuchen el canto de las sirenas y den la espalda a la traición y el golpismo, ¿quiere decir que el río suena, o cómo es la cosa?

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