La Cámara de Diputados desempolvó un dictamen que tenía listo para votación desde el 30 de octubre de 2019, con el cual se busca endurecer las penas contra el feminicidio, y lo aprobó en la sesión de este martes, con la finalidad de sancionar ese delito hasta con 65 años de prisión, cinco más que la pena vigente.

La reforma, aprobada con 415 votos en favor y uno en contra, de Ana Lucía Rojas, se avaló sin discusión y se turnó al Senado, en un contexto en que se han incrementado las protestas por feminicidios como el de la niña Fátima. En su más reciente reunión con diputadas, el fiscal Alejandro Gertz Manero propuso una pena de 70 años de cárcel.

También se aprobó incrementar la pena de prisión para quienes cometan el delito de abuso sexual contra menores de 15 años o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho. La sanción vigente es de seis a 13 años de cárcel y se aumentó de 10 a 18.

El pleno aprobó imponer una multa equivalente a entre mil y mil 500 días de salario mínimo a quien cometa el delito de feminicidio; la multa actual es de 500 a mil 500 días.

Se avaló prisión de seis a 10 años –en la actualidad es de tres a ocho– al funcionario que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración de justicia a víctimas de feminicidio o abuso sexual.

A lo largo de la sesión ordinaria la mayoría coincidió en condenar la violencia de género y los feminicidios que sufren las mujeres mexicanas y guardaron un minuto de silencio por la muerte de la niña Fátima Cecilia Aldrighetti Antón.

En el pleno, al pronunciarse acerca de un acuerdo que presentó la Junta de Coordinación Política, que rechaza y condena todo tipo de violencia contra mujeres y niñas, las representantes del PAN llevaron el tema a la arena política. Mientras el resto de las fuerzas representadas en San Lázaro demandaron unidad y trabajo conjunto entre sociedad y poder público.

Ana Patricia Peralta (Morena) preguntó: ¿Qué más es necesario que pase para aceptar que la violencia contra las mujeres es una epidemia? Afirmó que no hay lugar en México donde las mujeres nos sintamos seguras; ni siquiera después de muertas se nos trata con dignidad, y adujo que más que nunca el Estado debe mandar un mensaje claro de cero tolerancia.

Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, manifestó: Lo que demandamos son acciones urgentes para acabar con esta violencia que está matando cada día a 10 mujeres. Planteó reunirse con el secretario de Seguridad y Participación Ciudadana con el fin de saber qué hará, y convocar a un encuentro con los fiscales de todo el país con el propósito de saber qué medidas emergentes van a emprender para investigar los feminicidios.

La priísta Laura Barrera consideró que enfrentar el flagelo de la violencia de género no forma parte de colores, partidos y culpas, es de responsabilidades y políticas públicas en protección de la niñez. No obstante, cuestionó la respuesta gubernamental: Adónde se dirige México, en qué momento la autoridad decidió que la popularidad vale más que garantizar una vida libre de violencia. El caso de Fátima exige no ser una cifra más, clama a la unidad nacional y pide a las autoridades responder con altura.