atorce años atrás, en esta misma fecha pero de 2006, una explosión en la mina Pasta de Conchos, Coahuila (concesionada al tóxico Germán Larrea y su Grupo México), cobró la vida de 65 mineros, de los que 63 permanecen bajo toneladas de roca, por mucho que cuatro gobiernos al hilo (Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador) prometieron iniciar de inmediato los trabajos de rescate y, de cereza, que nadie quedará impune.

Eso dijeron, pero lo que realmente ha sucedido es que los responsables del homicidio industrial no sólo permanecieron impunes, sino que siguen cometiendo todo tipo de tropelías (entre ellas el peor desastre ecológico minero en la historia de nuestro país, el derrame tóxico de Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi, en agosto de 2014), al tiempo que tres de esos gobiernos (Fox, Calderón y Peña Nieto) otorgaron más y más concesiones a Larrea, reformaron la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y la ley minera para entregar a los barones la explotación del gas metano asociado a los yacimientos de carbón (mejor conocido como gas grisú, cuya acumulación en Pasta de Conchos provocó el estallido) y abrirle las puertas a otros jugosos negocios, como el petrolero.

A Fox (nunca se presentó en la mina) sólo le llevó cinco días cancelar las labores de rescate (pura faramalla) de los 63 mineros, y a su secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz (responsable legal de que la mina cumpliera con los protocolos de seguridad), lo protegió con una diputación federal (del PAN, obviamente). Eso sí, se comprometió a investigar a fondo y castigar a los responsables.

Cuando Felipe Calderón, haiga sido como haiga sido, llegó a Los Pinos, prometió hacer todo lo posible para que los cuerpos (de los 63 mineros) sean rescatados y tengan cristiana sepultura, al tiempo que su secretario del Trabajo, el inenarrable Javier Lozano Alarcón, declaró públicamente que Industrial Minera México (de Larrea) tuvo la mayor parte de la responsabilidad en Pasta de Conchos, porque estaba obligada por ley a cumplir con condiciones de seguridad; no voy a solapar a ningún servidor público que pudiera estar involucrado, ni taparé a ningún personaje por más importante que sea ( La Jornada, Patricia Muñoz). En los hechos, Calderón hizo todo lo posible para que Larrea se mantuviera impune y boyante, al tiempo que Lozano Alarcón fue el gato del empresario.

No puede olvidarse que en 2007 los mineros de Cananea (empresa de Larrea ahora denominada Buenavista del Cobre) estallaron la huelga por la sistemática violación al contrato colectivo y las precarias condiciones laborales y de seguridad imperantes, lo que Grupo México se negó a corregir. Así, para resolver el entuerto en 2010 Calderón ordenó a la Policía Federal sacar a los trabajadores a punta de fusil para proteger los intereses del barón. Por cierto, en ese entonces el secretario de Gobernación era Fernando Gómez Mont, abogado corporativo de Larrea. A ese grado llegaron.

Con Peña Nieto la situación no se modificó. De hecho, tras el derrame tóxico en Sonora, el encopetado le otorgó más y más concesiones mineras a Larrea y le abrió las puertas al negocio petrolero. Eso sí, su secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, aseguró (18 de febrero de 2013) la disposición de la nueva administración para reabrir las investigaciones en Pasta de Conchos y realizar otro peritaje para determinar la factibilidad de rescatar a los 63 mineros”.

El presidente López Obrador anunció (primero de mayo de 2019) que “en un acto de justicia y humanidad, el gobierno federal inicia los trabajos de búsqueda de los cuerpos de los trabajadores que quedaron atrapados en la mina Pasta de Conchos… no se escatimarán recursos”. Desde entonces, las acciones de res­cate quedaron formalmente a cargo de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

Las rebanadas del pastel

Como desde el 19 de febrero de 2006, hasta ahora todo ha quedado en el discurso. Los 63 mineros permanecen bajo toneladas de rocas y Larrea asquerosamente impune.

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