Nezahualcóyotl, Méx., Las organizaciones sociales Colegio de Abogados, Nueva Era AC y Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (Uprez) tramitaron 115 amparos contra el aumento al transporte público de pasajeros, avalado por el gobierno estatal hace unas semanas.

Brenda Mónica Jiménez, del Colegio de Abogados; Juan José Grajales, de Nueva Era AC, y Felipe Rodríguez, representante de la Uprez, presentaron los recursos ante el noveno juzgado de distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), con sede en Nezahualcóyotl.

La administración estatal aprobó que la tarifa pasara de 10 a 12 pesos por un recorrido inicial de cinco kilómetros. La medida generó inconformidad entre usuarios y protestas de grupos estudiantiles en diversas regiones de la entidad.

Rodríguez consideró que el incremento al pasaje no está justificado, porque la inflación en el país fue de 3 por ciento en 2019, y el ajuste en la tarifa representa un alza real de 20 por ciento.

Por su parte, Grajales argumentó que Nueva Era AC y los otros dos organismos recurrieron al PJF porque el aumento lacera la economía de al menos seis millones de usuarios, la mayoría trabajadores y estudiantes cuyos ingresos mensuales no superan 4 mil pesos.

Brenda Mónica Jiménez aseguró que el transporte público mexiquense es tan caro que los habitantes destinan hasta 50 por ciento de sus salarios en pasajes.

Las tres organizaciones solicitaron amparos por considerar que el gobierno estatal violentó el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México al autorizar el alza a pesar de que las empresas concesionarias no prestan un servicio satisfactorio a la población.

Los inconformes afirmaron que la Secretaría de Movilidad, encabezada por Raymundo Ramírez Carbajal, y empresarios del transporte tomaron la decisión unilateralmente, sin consulta a los usuarios y sin tomar en cuenta que éstos lo consideran de mala calidad e inseguro.

Los líderes sociales advirtieron que se interpondrán más amparos en Naucalpan y otras regiones de la entidad para frenar el aumento que entrará en vigor una vez que las autoridades estatales lo publiquen.