ensibles que son, los cabilderos de la cúpula empresarial en el Senado de la República –disfrazados de legisladores por Morena, con Ricardo Monreal a la cabeza– concluyeron que no es oportuno ni conveniente abrir al Presidente de la República un nuevo frente con los hombres de negocios ni confrontarse con el sector patronal, por lo que el dictamen sobre el outsourcing ilegal (aprobado por unanimidad en diciembre pasado) regresará a comisiones.

López Obrador debe sentirse más que protegido por sus muchachos, quienes suponen que al final de cuentas los temas de combatir la explotación laboral y acabar con los privilegios ilegales nunca formaron parte de su Proyecto de Nación; es decir, el que lo llevó a la Presidencia de la República (“… los frutos del trabajo de los mexicanos se distribuirán con justicia, y nunca más se permitirá que los privilegios de pocos se sustenten en la opresión, la inseguridad y la miseria de millones de mexicanos… estamos en contra de aquellos que amasan grandes fortunas de la noche a la mañana, apoyados en la ilegalidad, el influyentismo y a la sombra del poder público; en contra de la riqueza mal habida, de la corrupción que ha dado al traste con todo y es la causa principal de la desigualdad social y económica…”).

¡Ah qué senadores tan cínicamente protectores!, y como su chamba, la del tío Lolo, según la entienden, es evitar que el inquilino de Palacio Nacional se confronte, pues la precarización del empleo, la violación de los derechos laborales, la evasión fiscal y a las instituciones de seguridad social, y el outsourcing, se mantienen rozagantes, a galope, en beneficio de los hombres de negocios con quienes no hay que confrontarse. Entonces, con senadores como los de Morena –los de otros partidos políticos siempre han sido así– la 4-T para qué quiere más enemigos.

La sonriente visión de Monreal y sus guajiros es que hay que voltear a otra parte, hacerse de la vista gorda, para que el número de mexicanos en informalidad, subocupación, desocupación y outsourcing no deje de aumentar (a la par de las ganancias de los hombres de negocios), tal cual sucedió en el primer año de gobierno de López Obrador, cuando cerca de un millón 240 mil connacionales obligadamente se incorporaron al de por sí grueso ejército nacional de subsistencia.

En el primer año de gobierno de López Obrador la población económicamente activa (PEA) aumentó en casi un millón 600 mil mexicanos en edad y condición de laborar. De ellos, solo 3 de cada 10 obtuvieron un empleo formal (con registro en el IMSS y prestaciones de ley) y el grueso sólo alcanzó, como máximo, un ingreso de dos salarios mínimos (45 por ciento de la población ocupada).

Como bien detalla el Centro de Investigación en Economía y Finanzas, uno de los problemas que no se han podido atender y se tornan más complicado es el de la precarización salarial del mercado laboral del país. En esta ocasión, el número de personas que percibe más de 3 salarios mínimos se redujo en poco más de 2 millones 396 mil. Quienes devengan menos de 3 salarios mínimos aumentaron en alrededor de 4 millones 491. Lo más grave es que este escenario podría permanecer en 2020, pues no se aprecia un cambio en el comportamiento de las tendencias, así como por la carencia de inversión que permita generar puestos de trabajo de más calidad. En contraste, el número de trabajadores que perciben más de 3 salarios mínimos cayó 11 por ciento.

Además, el combate a la informalidad no ha rendido fruto. En 2019, el número de personas ocupadas en la informalidad creció 2 por ciento anualizado y a estas alturas representa poco más de 56 por ciento de la población ocupada. Este problema requiere particular atención, no sólo para mejorar la calidad de vida de las personas que laboran bajo dicha condición, sino también para el que el gobierno pueda obtener una mayor cantidad de recursos.

Las rebanadas del pastel

Pero tranquilos: no hay que confrontar. Mejor, boletos para la rifa.

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