El gobierno federal debe al menos 2 mil 300 millones de pesos en salarios vencidos a empleados del Servicio Postal Mexicano (Sepomex). Dieciséis años después de que se decretó la homologación con un incremento de 9.7 por ciento acordado entre la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y la Secretaría de Hacienda, las autoridades se niegan a pagar.

La omisión se arrastra desde la administración de Vicente Fox, pero en la actual –que hizo campaña con un discurso progresista– seguimos recibiendo atole con el dedo bajo el argumento de la austeridad y de que Sepomex está en quiebra, denunciaron trabajadores despedidos y en activo que integran la Coalición Postal por una Democracia Sindical y su abogado, Mariano Cordero Burciaga.

Llevan más de año y medio con la petición de que Andrés Manuel López Obrador los reciba, sin que el tema asome en la agenda del mandatario. En dos ocasiones Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se comprometió a reunirse con los trabajadores, que se trasladan desde varios estados, pero en ambas canceló minutos antes. “Como todos los políticos, nos envió a la avanzada (…) en la 4T seguimos recibiendo atole con el dedo”, reprochó Cordero Burciaga.

A la fecha se llevan cerca de mil 500 juicios de homologación para hacer retroactivo el pago que Sepomex debe desde 2003, algunos algunos ganados, y se exige la reinstalación de 2 mil 300 trabajadores que fueron despedidos de manera ilegal hace tres años por pedir que se cumpliera el incremento.

También buscan elecciones inmediatas en el Sindicato Nacional de Trabajadores de Sepomex, que el año pasado resultaron en prolongar un sexenio la dirigencia de Manuel Felipe Acevedo González, quien este año cumple 22 años de secretario general, buena parte de ellos sin exigir la homologación de los trabajadores.

La Jornada tocó puertas en el gobierno federal. En las secretarías de Comunicaciones y de Hacienda se prometió una respuesta, que hasta el cierre de esta edición no llegó.