El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México inició una investigación contra la magistrada anticorrupción Mariana Moranchel Pocaterra, por no presentar su declaración patrimonial dentro de los plazos establecidos.

Esta semana el TJA determinará dicha responsabilidad, por lo que la sala superior, que encabeza el magistrado Jesús Anlen Alemán, dará a conocer la sanción que se le aplicará, con base en los oficios de la contraloría interna y el área de recursos humanos.

La Ley de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 75 prevé sanciones como una amonestación pública o privada; suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución de su empleo, cargo o comisión, e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, entre otras.

Desde que fue nombrada por el Congreso de la Ciudad de México como magistrada de sala superior, ponencia siete de la sección especializada, la unidad administrativa del tribunal le solicitó su declaración inicial de situación patrimonial.

La documentación debió presentarla en los 60 días naturales posteriores a la toma de protesta, lo que sucedió el 31 de mayo de 2019, a propuesta de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

El 22 de agosto se requirió a la magistrada de la sala anticorrupción que se encarga, entre otras cosas, de juzgar casos como el que ahora la involucra, informara de la causa justificada de su omisión.

La magistrada, en respuesta al oficio TJACDMX/OIC/AI/058/2019, señaló que por un error involuntario presentó su declaración ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y omitió hacerlo ante el órgano interno de control del tribunal.

Ante ello, solicitó: Subsanar mi error, concediéndole el acceso al sistema integral de información patrimonial y presentar su declaración de manera extemporánea, lo cual sucedió el 27 de agosto, por lo que se abrió la investigación con folio OIC/AI/010/EI/2019-08.

La autoridad investigadora advirtió el 31 de octubre la existencia de una omisión que la ley señala como falta administrativa, misma que se calificó de no grave, aunque provocó que se abriera el sistema para su presentación extemporánea.

“…Se prueba, más allá de toda duda razonable, la conducta omisiva de Mariana Moranchel Pocaterra; se realizó conociendo de la obligación de presentar declaración inicial de situación patrimonial”, se lee en el expediente.

Las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos son de medular importancia dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, pues obedecen al ejercicio del derecho de los ciudadanos a la transparencia y rendición de cuentas de los entes gubernamentales y su personal, indicó el organismo.