En los estados de Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Jalisco, donde operan los cárteles de Sinaloa, del Golfo, Los Zetas, Guerreros Unidos, Los Ardillos, Los Rojos, y principalmente Jalisco Nueva Generación, así como grupos surgidos de La Familia Michoacana y la organización conocida como el cártel de Santa Rosa de Lima, es donde las bandas utilizan a mujeres y niños al frente de las protestas o actos de violencia en contra de integrantes del Ejército, la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina, señalaron funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad.

Las organizaciones delictivas buscan con estas manifestaciones impedir la acción de las autoridades y propiciar que se cometan errores para que se exija su retiro de las zonas donde tienen presencia.

Las fuentes entrevistadas señalaron que estos grupos delictivos han empleado también redes sociales para difundir imágenes en las que se denosta a los miembros de las fuerzas federales, pero gracias a la capacitación que se tiene no se han respondido las agresiones para no incurrir en violaciones a derechos humanos o excesos que tengan un costo mayor para las autoridades.

Mencionaron que en ese contexto, por ejemplo, se han movilizado grandes grupos de habitantes –como ha ocurrido en Santa Rosa de Lima, Guanajuato–, para evitar que sean detenidos los integrantes del grupo que dirige José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, considerado uno de los principales distribuidores de droga y líder de una célula dedicada al robo de combustible en los estados de Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes.

Como parte de sus acciones de penetración social, los cárteles del Golfo y Los Zetas, reparten despensas, regalos y apoyos entre los habitantes de las comunidades donde tienen presencia, entre ellas Nuevo Laredo, Reynosa y Díaz Ordaz, y también, indicaron los funcionarios federales, han integrado organizaciones civiles que protestan contra las autoridades, y ello provocó que en 2019 los integrantes de la Secretaría de Marina Armada de México tuvieran que abandonar esos territorios y que el gobierno federal enviara a efectivos del Ejército Mexicano para realizar las mismas labores de seguridad y combate al delito.

Las autoridades consultadas señalaron que no se modificarán los esquemas de operación y no se caerá en provocaciones: “se trabaja con esquemas de inteligencia y de manera más selectiva para eficientar la detención de integrantes de los grupos delictivos y evitar confrontaciones que deriven en actos como los sucedidos en octubre en Culiacán, Sinaloa, donde miembros del cártel de Sinaloa generaron actos de violencia durante horas que causaron temor a la población”.