na serie de declaraciones y actos del Presidente y su equipo cercano, aparentemente inconexos o contradictorios entre ellos, han sembrado en un sector de la población mexicana y de otras latitudes sentimientos confusos: mientras algunos consideran, como pregona el discurso oficial, que las cosas han cambiado, aunque se impulsen proyectos diseñados en sexenios pasados, ahora carecen del carácter impositivo y de despojo que tenían, y buscan llevar el desarrollo a donde no había llegado; otros, por el contrario, consideran que los proyectos son los mismos y, por más que desde el poder se sostenga que han cambiado, mantienen los mismos objetivos con los que fueron diseñados. En un tercer grupo se encuentran aquellos que sostienen que en el gabinete del gobierno federal no hay una postura clara al respecto, y las que se miran se definen por las convicciones de los funcionarios y sus equipos de operación.

Entre esa serie de declaraciones se ubica la que el pasado 11 de febrero expresó Víctor Toledo Manzur, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), frente a académicos y activistas que acudieron al foro Naturaleza, derechos indígenas y soberanía nacional en el Istmo de Tehuantepec, donde exhortó a los opositores de los megaproyectos impulsados por el actual gobierno a asumir posiciones maduras porque, dijo, los proyectos van a ir, indudablemente van a ir. En ese mismo evento reconoció que las consultas sobre la obra –derecho fundamental de los pueblos indígenas– no se han realizado conforme a derecho, pero han sido legítimas; una aseveración polémica porque los funcionarios públicos están obligados a vigilar la legalidad de sus actos, más que su legitimidad. Tal expresión recordó a los presentes la que en septiembre del año pasado formulara el propio Presidente de la República, afirmando que truene, llueva o relampaguee, griten o pataleen, el Tren Maya va por que va.

A esas se pueden sumar otras expresadas a propósito de distintos megaproyectos. Por sus consecuencias, se volvió famosa aquella pronunciada en Cuautla, Morelos, por Andrés Manuel López Obrador, en febrero de 2019, frente a los opositores a la termoeléctrica de la comunidad de Huexca, ubicada en esa entidad, a quienes aseguró que la obra se construirá aunque haya gritos y sombrerazos y ante la irritación de los inconformes que le recordaron que en campaña había prometido cancelarla, los tildó de radicales de izquierda y conservadores. Días después era asesinado en la comunidad de Amilcingo el comunicador y activista Samir Flores Soberanes, opositor al proyecto. Sus compañeros no aseveraron que haya sido el gobierno quien lo asesinó, sino que el clima de linchamiento que las palabras del Presidente generaron fue utilizado por personas o grupos interesados en atizar el descontento y crear un problema social. Hasta la fecha el crimen no ha sido esclarecido y sigue enrareciendo el ambiente.

En sentido distinto a la postura del mandatario y su gabinete sobre estos proyectos, en otros casos se han tomado medidas para condicionar o cancelar obras que han sido calificadas de megaproyectos y han provocado el descontento popular por la afectación del medio ambiente y otros derechos de quienes habitan esos lugares –los territorios, los recursos naturales y las prácticas culturales, tratándose de pueblos indígenas– o para mitigar sus efectos. Entre ellas se halla la cervecera Constellation Brands, que pretende instalarse en la ciudad de Mexicali, Baja California, y de quien el propio titular de la Semarnat ha dicho que si no afecta el abasto de agua para los habitantes de la ciudad y se ajusta a las leyes, podrían tener agua, o la minera Cuxcatlán, que opera en el Valle de Oaxaca, y la presa Paso de la Reina a quienes se les han negado las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) y por lo mismo no podrán seguir adelante.

Estos casos y otros en los que se han tomado medidas similares permiten hacer otro tipo de lectura a las enunciadas al principio. El gobierno no está contra los megaproyectos ni su postura depende de las convicciones de los funcionarios públicos, sino que se mueve entre los intereses del capital y la resistencia popular.

Los megaproyectos a los que el gobierno no ha puesto ningún obstáculo son aquellos donde el capital trasnacional es bastante fuerte, tanto que puede condicionar sus actos; junto a esos existen otros donde la protesta popular resulta más atendible que los intereses del capital y en esos las obras se pueden condicionar. Un tercer grupo sería aquel donde el capital no es determinante y puede atender los reclamos populares para abonar a la gobernabilidad. En estos escenarios las convicciones científicas, políticas, sociales o ideológicas de los funcionarios son importantes, pero no determinantes. Esta lectura puede ser interesante a la hora de armar las resistencias.