iete años después del límite constitucional para contar con una Ley General de Aguas centrada en los derechos humanos, la semana pasada la energía ciudadana y de los pueblos desbordó el Congreso de la Unión, al presentar una iniciativa ciudadana para el nuevo marco legal.

Su propuesta cumple cabalmente con la reforma al artículo 4 de la Constitución de febrero 2012, que mandata una ley que siente las bases para el acceso equitativo y sustentable al agua, a través de la participación de la ciudadanía, respetando la autodeterminación de los pueblos. Está naciendo una nueva etapa en la gestión del preciado líquido en México. La actual Ley de Aguas Nacionales, de 1992, buscó sujetar los bienes de la nación a las fuerzas del mercado, en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estableció la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como autoridad del líquido, sin contrapesos, vulnerable a los incentivos y presiones de los intereses.

Desde entonces esta institución ha repartido más de 537 mil concesiones de aguas nacionales. Objetos de compraventa, en violación de vedas, disponibilidades y derechos de los pueblos. Enfrentamos ahora el saldo de esta política fallida: 70 por ciento de nuestras aguas concesionadas están en manos de 2 por ciento de los titulares, incluyendo 77 mil concesiones otorgadas a terceros en territorios indígenas, sin consultar ni informar a los afectados.

El presupuesto federal asigna sólo 4 mil millones para obras locales de agua y saneamiento, mientras gastamos 70 mil millones anuales en agua embotellada y 34 millones de mexicanos reciben agua en sus hogares sólo tres veces por semana, en ocasiones menos.

Además, 60 por ciento de nuestros cuerpos de agua están contaminados. La iniciativa ciudadana propone remplazar el actual ejercicio arbitrario de la autoridad con planes rectores aprobados en consejos mayoritariamente compuestos por representantes de asambleas de pueblos originarios, afectados/as hídricoambientales, investigadores, sistemas comunitarios, juntas municipales, agricultores para la autosuficiencia alimentaria, defensores de derechos humanos y ambientales y empresas sustentables.

Los funcionarios de los tres órdenes de gobierno se convertirían en “ejecutores“ de los planes y decisiones de los consejos, bajo la vigilancia de la Contraloría Social del Agua. Se reconocería el derecho de los pueblos a administrar el líquido en sus territorios y los sistemas comunitarios autogestionados contarían con personalidad jurídica y serían reconocidos como sujetos colectivos de derecho público.

La iniciativa ciudadana no sólo prevé instancias democratizadas, además propone los instrumentos requeridos. Cualquier obra o proyecto que pudiera vulnerar el derecho humano o de los pueblos al agua requeriría de un dictamen de impacto sociohídrico favorable, que tendría que demostrar que este derecho básico no sería violado y que la población potencialmente afectada haya dado su consentimiento previo, libre e informado, en cumplimiento de la observación 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

No se permitiría la compraventa de concesiones y se disolverían los bancos del agua. Para poner fin a la sobrexplotación, el acaparamiento, la contaminación y la impunidad, los consejos regionales se enfocarían en los grandes concesionarios, esto es los que se beneficien con volúmenes mayores a mil millones de litros anuales.

Estas concesiones serían bianuales (actualmente son hasta por 30 años) y su renovación sería automática, con ajustes por disponibilidad, y siempre que el titular compruebe que haya cumplido con sus obligaciones de medición, pago de derechos y la eliminación progresiva de contaminantes en sus descargas.

Una defensoría del agua contaría con recursos públicos y abogados especializados para interponer litigios estratégicos y hacer que los grandes concesionarios violadores de la normatividad cubran el costo de la restauración a las comunidades y ecosistemas que hayan dañado. Lograr esta ley será una lucha en sí: los intereses han compenetrado la legislatura, y los principales cargos en Conagua están ocupados por funcionarios coludidos desde los tiempos de Calderón y Peña Nieto, salvo la directora general, quien intenta mantener la ley actual hasta 2023.

Mientras tanto, miles de luchas por el agua en todo el país se están articulando para lograr una ley general que potencie sus esfuerzos en favor de la vida y frene los abusos de poder. A través de acuerdos de asamblea para proteger los territorios de la minería tóxica y el fracking; de acciones para revertir el derroche de recursos públicos en megaobras cuestionables; la elección de gobiernos locales mandatados para desprivatizar los servicios municipales; la oposición a cerveceras en zonas de estrés hídrico; de acciones de presión desde las vastas zonas populares que se han quedado en secas; la formación de comités de microcuenca; la elaboración de planes hídricos y las luchas por democratizar los distritos de riego, el proceso de construcción del buen gobierno del agua no se detendrá.