La Paz. El magistrado Petronilo Flores dijo ante una comisión de la Cámara de Diputados que carece de relevancia jurídica un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TPC) en que se basó Jeanine Áñez para asumir la presidencia de Bolivia tras la renuncia del mandatario Evo Morales en noviembre pasado.

Es un comunicado que no tiene ninguna relevancia jurídica, dijo Flores, miembro del TPC, luego de que el diputado Walter Roque le preguntó si el pronunciamiento que dio legitimidad al mandato de Áñez tiene valor legal o vinculante, informó ayer el diario El Deber.

En medio de una crisis político-electoral, y luego de que el ejército sugirió al Morales renunciar a la presidencia, la opositora Áñez, en funciones como vicepresidenta del Senado, se basó en una declaración constitucional de 2001 para proclamarse mandataria interina, lo que fue sustentado por el TPC en un comunicado y no en un pronunciamiento formal.

La línea sucesoria trazada por la Constitución para asumir la presidencia inmediatamente eran el vicepresidente, Alvaro García Linera, y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, pero renunciaron a sus cargos junto a Morales.

Áñez se proclamó el 14 de noviembre pasado en una sesión legislativa sin quorum, ungida por militares golpistas y una Biblia en las manos. La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, anunció su renuncia, pero nunca la presentó formalmente, lo que le daba derecho constitucional para asumir la presidencia interina y convocar a elecciones, pero los opositores nunca la dejaron tomar el cargo.

El magistrado Petronilo Flores indicó que el comunicado del TPC no avala en concreto a ningún nombre. No es vinculante, es una comunicación informativa a la ciudadanía frente a la situación de crisis en la que nos encontrábamos en esos momentos.

Destruye la economía

Morales tuiteó: “Lo que habíamos afirmado está comprobado, el comunicado utilizado por la autoproclamada no tiene ningún valor legal. El régimen de facto violó la CPE (Constitución), masacró al pueblo y destruye nuestra economía”.

El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, dijo a El Deber que la única forma que tuvo de pronunciarse de manera oficial, fue a través de un comunicado y ese comunicado estableció una línea jurídica.