Así operan los conflictos de interés

En un país donde la salud pública debería ser la máxima prioridad en la toma de decisiones, ¿por qué hay quiénes se oponen al etiquetado frontal? En un país que enfrenta una creciente epidemia de obesidad y las enfermedades asociadas a esta condición, en el que es urgente trabajar para mejorar la salud pública y reducir las desigualdades en salud, es fundamental analizar y entender los intereses y el papel que desempeña la industria de alimentos y bebidas ultraprocesadas en las políticas públicas. En este artículo se plantean algunos de los conflictos de interés que se hicieron evidentes en el camino por lograr un etiquetado claro en México.

Entendemos que el conflicto de interés se presenta cuando los roles públicos de las organizaciones o individuos entran en conflicto con sus roles privados.

Conflictos entre la ciencia y evidencia

Se presentan cuando las corporaciones distorsionan, suprimen o representan erróneamente evidencia científica con respecto a sus productos y prácticas. Recurren al auspicio de investigaciones científicas sin hacer público el patrocinio de la investigación para generar resultados a su favor.

Como muestra, tenemos el caso de los estudios científicos sobre edulcorantes no calóricos presentados por la industria en los grupos de trabajo de la norma 051 para eliminar el sello de advertencia sobre edulcorantes. Al revisar estos estudios pudimos constatar que la gran mayoría de éstos fueron financiados por la industria de edulcorantes. A pesar de que lograron eliminar este sello, en su lugar se mantuvo la leyenda “Contiene edulcorantes. No recomendable en niños, ante la evidencia libre de conflicto de interés presentada, que respalda que el consumo de edulcorantes no se recomienda en la infancia debido a que durante esta etapa se forman los hábitos alimentarios.

Conflictos en la política pública

Se dan cuando las corporaciones participan en deliberaciones de políticas de salud pública, donde enmascaran su objetivo real de promover sus intereses comerciales. Pueden llegar a pagar a terceros, reunirse en secreto con tomadores de decisión; crear y financiar grupos que afirman ser de carácter ciudadano, pero son de la industria. Por ejemplo, el sistema de etiquetado con el que contamos actualmente, denominado GDA, fue promovido en el año 2011 de manera voluntaria por la industria alimentaria reunida como Alianza por una vida saludable (que tiene como marcas participantes a Coca cola, Kelloggs, Pepsico, Nestlé, Unilever, etc.), a través de la campaña “checa y elige” para promover este tipo de etiquetado frontal.

En el proceso legislativo para la modificación a la Ley General de Salud en materia de etiquetado se intentó bloquear esta iniciativa a través de la promoción de un transitorio que hubiera dejado el diseño de la norma de etiquetado en manos de un organismo a favor de las empresas, al sabotear una sesión de la Comisión de Salud impidiendo que se lograra el quórum necesario, difundiendo otra propuesta de iniciativa de reforma presentándola como “El etiquetado de la 4T”, siendo en realidad una propuesta de la industria; y presentando información errónea a nuestros legisladores para disuadirlos de votar a favor.

Posteriormente, durante los grupos de trabajo para la modificación a la Norma Oficial Mexicana (NOM-051) en materia de etiquetado, la Federación Mexicana de Diabetes trató de frenar que cuando un producto tuviera un sello o más no pudiera portar avales de asociaciones médicas debido al financiamiento que reciben de la industria, incluso, en su página web tiene una sección de aliados de la industria privada en la que se encuentran empresas como Danone y Nestlé.

Conflictos ideológicos

Se presentan cuando quienes hablan en nombre de las corporaciones promuevan ideas o valores como si fueran buenos para la sociedad, cuando en realidad lo que buscan es fomentar los intereses privados. Presentan los problemas de salud pública de tal forma que favorezca la visión de las corporaciones, auspician campañas desinformativas, patrocinan eventos académicos, etc.

Como ejemplo, poco después de la aprobación de la modificación a la Ley general de salud, el periódico Reforma organizó el foro “Comer bien: una decisión inteligente”, el cual claramente estuvo financiado por la industria de alimentos y bebidas, pues entre sus ponentes se encontraban representantes de estas marcas, además de que todos sus argumentos buscaban desprestigiar el etiquetado de advertencia.

La industria seguirá intentando frenar el proceso anteponiendo sus intereses comerciales; sin embargo, es indispensable asegurar que todas nuestras políticas públicas de salud alimentaria sean libres de conflictos de interés para que el Estado mexicano garantice nuestro derecho a la salud, a la alimentación, a la información y el interés superior de la infancia. Para lograrlo necesitamos establecer entidades de financiamiento independiente, no permitir la participación de organizaciones con conflicto de interés en la toma de decisiones sobre políticas de salud pública y reducir cualquier rol privilegiado que las corporaciones desempeñan en la política pública.

No podemos seguir permitiendo que las empresas transnacionales antepongan sus intereses comerciales sobre la salud pública. Necesitamos que los productos que lleguen a nuestros hogares sean alimentos frescos, producidos por campesinas y campesinos mexicanos. Contar con un etiquetado que advierta sobre el contenido real de los productos ultraprocesados contribuirá a lograrlo. •