Al tiempo que en México la Fiscalía General de la República (FGR) prepara la documentación con el fin de solicitar formalmente la extradición del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, continúa con la integración de dos carpetas de investigación en las que se busca establecer la responsabilidad de otros ex funcionarios relacionadas con la participación accionaria de la petrolera nacional en el astillero Hijos de J. Barreras, en Galicia, España, con el cual se había pactado la construcción de dos buquehoteles, y la firma de contratos con una universidad pública para de supuestas actividades de capacitación que no se realizaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Fuentes del Ministerio Público Federal revelaron que la base de estas indagatorias en las que el funcionario de más alto nivel que laboró en Pemex fue el director de la petrolera, se buscará, en caso de que se declare procedente su extradición, la autorización del gobierno de España para enjuiciar a Lozoya Austin.

El caso PMI Holdings

Sin embargo, de manera paralela se trabaja para llevar ante los tribunales a otros integrantes de PMI Holdings y del Consejo de Administración de Pemex en el periodo 2012-2017, por la compra de 51 por ciento del paquete accionario de la empresa Hijos de J. Barreras, que se concretó en diciembre de 2013 y, de acuerdo con cifras de la Auditoría Superior de la Federación, en el ejercicio 2017 generó pérdidas por más de 33 mil millones de pesos.

Al respecto, la ASF refiere en el Informe individual del Resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, la recomendación para que Petróleos Mexicanos, por conducto de la Dirección Corporativa de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex, revise, informe y dé seguimiento al cumplimiento de las decisiones que impliquen deterioro de las inversiones en las filiales.

Asimismo, la ASF solicitó a Pemex que realice las acciones jurídicas necesarias para determinar, en su caso, las responsabilidades y afectaciones económicas, dé inicio al procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión autorizaron invertir en el astillero Hijos de J. Barreras SA por conducto de PMI Holdings BV.