Colima, Col., El ex gobernador Mario Anguiano Moreno acudió ayer a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en esta capital para exigir que proceda en su contra por la sanción de 515.1 millones de pesos que el Congreso local le impuso por contratar ilegalmente un crédito en 2015, al final de su gestión.

En un comunicado, la administración que encabeza Juan Ignacio Peralta Sánchez –priísta, como su antecesor– dio a conocer que cobrará la sanción e impondrá un crédito fiscal a Anguiano Moreno.

Ayer, alrededor de las cinco de la tarde, el ex mandatario priísta (2009-2015) se reunió en el jardín de la colonia El Moralete con ex funcionarios de su gobierno; el dirigente de los burócratas de la administración estatal, Martín Flores Castañeda, y simpatizantes a caballo.

Anguiano subió a una camioneta y tomó un altavoz. Anunció a sus seguidores que se entregaría. Recordó que su gestión fue auditada en cuatro ocasiones y se determinó que no me había robado un solo peso.

La legislatura local impuso a Mario Anguiano una multa de 515.1 millones de pesos en septiembre de 2018 como resultado de que solicitó a Banca Interacciones un crédito de 638 millones de pesos a largo plazo. Posteriormente, un tribunal federal ratificó el castigo y ordenó al gobierno de Colima proceder contra el priísta.

Una vez en la FGE, el político se entrevistó con la agente del Ministerio Público Beatriz Sandoval, a quien pidió que procediera a cobrarle. La funcionaria respondió que el proceso es de carácter administrativo, por lo que primero debe ser requerido por la Secretaría de Planeación y Finanzas (Seplafin) estatal.

El ex mandatario respondió: Vendré cuando así me requieran. Salió de la FGE y tomó el altavoz para informar a sus seguidores que la Seplafin comenzará el proceso para cobrarle, y la estaremos esperando.

Comentó que con esta movilización pretendió demostrar que no pretende huir y dará la cara.

En conferencia de prensa previa a su caminata, el ex mandatario reiteró que sus bienes ascienden a poco más de 2 millones de pesos, y que si la autoridad procede podría embargarlos.