Zacatecas, Zac., El titular de la Dirección de Readaptación y Reinserción Social de Zacatecas, Adán Rosario Jiménez Solano, fue destituido la tarde de este jueves, luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (Cdhez) dejó al descubierto el caso de una mujer que fue recluida ilegalmente en la cárcel distrital del municipio de Calera (donde sólo había varones), lo que permitió que el jefe de custodios abusara sexualmente de ella durante casi un mes.

El agresor se encuentra prófugo y las autoridades penitenciarias enfrentan un proceso administrativo, ya que ella debió ser remitida a la prisión femenil de Cieneguillas --ubicada a 20 kilómetros se donde se le recluyó– y porque no aplicaron el protocolo de que las presas siempre deben estar vigiladas por personal femenino.

En conferencia de prensa, los secretarios general de Gobierno, Jehú Eduí Salas, y de Seguridad Pública del Estado (SSP), Ismael Camberos Hernández, informaron que Jiménez Solano fue dado de baja este jueves, pese a que los hechos a los que se refiere la denuncia de la Cdhez datan del 19 de agosto al 14 de septiembre de 2018.

Eduí Salas intentó condenar la mentira que medios de comunicación han difundido en el sentido de que la cárcel distrital de Calera es exclusiva para varones, lo cual es falso, pues se trata de una prisión mixta. Sin embargo, el funcionario estatal terminó admitiendo que sólo en tres de 15 prisiones distritales hay mujeres y hombres.

En la Ciudad de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó los abusos sufridos por la mujer y anunció que, por conducto de su tercera visitaduría, está articulando una estrategia de diálogo e intervención con el gobierno de Zacatecas y la Cdhez para generar medidas eficaces de protección integral a las garantías de la atacada.

Eduí Salas dijo que aunque Calera es una prisión mixta, la víctima era la única mujer remitida allí temporalmente, mientras se realizaba la audiencia de control y vinculación a proceso por secuestro. Trascendió este jueves que posteriormente fue exonerada y sólo quedó acusada de encubrimiento.

De acuerdo con las investigaciones de la Cdhez, la mujer (a quien se le identifica como VD) fue detenida e internada en la prisión de Calera de Víctor Rosales durante 27 días entre agosto y septiembre de 2018. Dicho centro penitenciario distrital no era apto para tener a la femenina, señala el texto.

La quejosa denunció ante la Cdhez que las agresiones sexuales “comenzaron el mismo día de su llegada al centro penitenciario, pues al ser recibida por el comandante AR (su agresor), éste realizó gesticulaciones sexualizadas; a la semana comenzó a realizarle preguntas personales e incómodas acerca de su vida privada, su estado civil, si no tenía necesidad de hombre, que estaba muy bonita...

Al no querer ella responder, el comandante amenazó con no permitirle llamadas telefónicas y a escalar la violencia en su contra. El comandante AR la sacaba para agredirla en cada una de sus guardias. Los días 4, 6, 8, 10, 12 y 14 de septiembre cubrió guardia y violentaba a VD, siendo la forma más grave la sexual. El comandante la obligaba a permanecer desnuda cada día en que él cubría guardia, a las 6 horas, pegada en la pared de la celda”.

María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Cdhez, advirtió que hubo obstrucción y negativa de la SSPZ, por conducto de la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado, para proporcionar información sobre la reclusión ilegal de la mujer y para conocer la violencia sexual de la que fue víctima VD.

Culpó de estos obstáculos al jefe del establecimiento penitenciario de Calera, quien se negó a recabar los videos de las cámaras de vigilancia, como se le requirió en los oficios V6ZAC/5480/2018 y V6ZAC/5481/2018, ambos de 15 de noviembre de 2018.

Posteriormente, la SSPZ, que encabeza Ismael Camberos Hernández, pidió a la Cdhez (oficio SSP/DGPRS/CDHEZ/12620/2018) que reconsiderara la petición de información y dio a conocer que AR había renunciado el 15 de noviembre.

“Se solicitó que se revalorara la petición señalada, pues el inspector Adán Rosario Jiménez Solano --director estatal del sistema penitenciario– afirmó que proporcionar los videos podría poner en riesgo la integridad física del personal que ahí labora, así como el de las personas que se encuentran ahí privadas de su libertad”.

En su recomendación número CDHEZ/391/2018, el organismo solicita a Camberos Hernández que de inmediato se repare el daño a la víctima con una indemnización por afectaciones materiales sufridas con motivo de la falta que ha cometido el Estado en su perjuicio, entre ellos, el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral sufrido.