La propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación presentada ayer por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, tiene algunos puntos positivos, pero la efectividad de una transformación de este tipo no sólo puede estar basada en leyes, sino en aspectos como la capacitación de los operadores del sistema, la voluntad política de las autoridades y la supervisión de los altos funcionarios, entre otros, afirmaron especialistas.

En el contexto de un foro de análisis sobre las reformas al sistema de justicia, convocado por diversas organizaciones civiles, Luis Tapia, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que hay algunos aspectos encomiables de la iniciativa dada a conocer ayer, entre ellas el fortalecimiento de la defensoría pública.

De igual forma, otros puntos rescatables son establecer que los oficiales administrativos ingresen mediante concurso de oposición y no por designación directa de los jueces; que no sea necesario esperar a que haya cinco resoluciones en un mismo sentido sobre ciertos temas para que exista jurisprudencia, y que una sola declaratoria de inconstitucionalidad de una ley sirva para desecharla del orden jurídico.

Por su parte, Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, consideró que en realidad no hacen falta reformas para mejorar el desempeño del Poder Judicial, pues las leyes que hoy se tienen son suficientes, sino más bien mejorar su aplicación en la realidad, a través de acciones como la capacitación de los funcionarios que las llevan a la práctica.

Irene Tello, directora ejecutiva de la organización Impunidad Cero, coincidió en que cambiar leyes no sirve para cambiar la realidad, por lo que es necesario que las autoridades muestren voluntad política para mejorar el sistema que existe hoy.