fano, meses atrás José Coello Trejo, abogánster de Emilio Lozoya Austin, aseguraba que su cliente nunca pisaría la cárcel, y advertía que ni se les ocurriera intentarlo, porque el otrora director general de Petróleos Mexicanos poseía toda la información sobre quiénes, cuándo y cuántos metieron la mano a los dineros de la ex paraestatal y otros negocios. Intocable, aseguraba, porque en la mano tenía el control del ventilador.

En los hechos, de nada le sirvió la advertencia, porque enchiquerado en Málaga, España, Lozoya no tiene de otra: encender el susodicho aparato si quiere negociar una mejor estancia en chirona y/o una reducción de condena; de otra suerte él solo pagará la factura del banquete en el que participaron altas esferas del poder político y económico del país.

La aprehensión del ex director de Pemex es un gran gol de fiscal Gertz Manero, a quien aparentemente se la había olvidado el caso Lozoya (a ver si con esto revive el asunto de otra lacra: el empresario Alonso Ancira, ligado a los negocios de Emilio y ahora en prisión domiciliaria en Palma de Mallorca, España). Pero no. Como bien lo explica el funcionario, la captura tiene un valor extraordinario; este caso se debe observar como un asunto vinculado a toda una estructura de poder, con una forma de abusar del poder y de los bienes de la nación; esto debe entenderse como parte de un todo.

Para Lozoya y el propio Coello Trejo se acabaron los chantajes mediáticos (Emilio no actuó solo; si caigo, caen todos); con el primero en la cárcel, se conocerán detalles de corruptelas, operaciones ilegales y nombres y apellidos de los participantes, políticos y empresarios, con o sin peluca.

El inventario es por demás abultado y muchos de los implicados regularmente se reúnen en Madrid, aunque la pandilla ya acumula tres bajas (Ancira, Collado y Lozoya), de tal suerte que deberán escoger otro punto de reunión para armar las tranzas. Para tales fines, la capital española ya está quemada.

La orden de aprehensión en contra del ex director de Pemex se giró a finales de mayo pasado, pero a esas alturas el hoy preso ya se había fugado del país. La Unidad de Inteligencia Financiera presentó cuatro denuncias por los casos de Odebrecht, Agro Nitrogenados y algún tema de defraudación fiscal, asuntos que han sido procesados por la Fiscalía General de la República, quien obtuvo las órdenes de aprehensión (Santiago Nieto dixit).

Habrá muchos negocios más, pero en vía de mientras, y sólo como ejemplo, hay que sumar el desfalco en los astilleros gallegos Hijos de J. Barreras, un negocio privado (con dineros públicos, de Pemex para ser precisos) fraguado por Juan Camilo Mouriño en tiempos de Felipe Calderón y concretado por Emilio Lozoya en los de Peña Nieto. A este tipo de asuntos se refiere el fiscal Gertz Manero cuando habla de estructura de poder, como parte de un todo.

Y como parte de ese todo, los aspirantes a una orden de aprehensión forman un ejército.

Las rebanadas del pastel

Dicen la patronal y sus cabilderos (con Monreal a la cabeza) que no debe forzarse la ley para regularizar el outsourcing, mientras la hija de papá asegura que esta práctica –la mala, desde luego– se ha convertido en un deporte nacional. Claro, porque la Secretaría del Trabajo lo permite. Pero algunas cifras proporcionadas por otras autoridades” sustentan por qué sí hay que frenar la subcontratación: para el IMSS, anualmente significa pérdidas por más de 21 mil millones de pesos (monto suficiente para construir 14 hospitales de segundo nivel o 210 clínicas de primer nivel de atención); evasión fiscal por 324 mil millones de pesos anuales por medio de empresas fachada (datos de la Unidad de Inteligencia Financiera) ligadas a factureras; en diciembre del año pasado 14 mil 553 empresas dieron de baja a absolutamente todo su personal (64 mil trabajadores de grandes corporaciones) y en enero de 2020 esas mismas empresas empezaron a contratar de nuevo a su mismo personal. ¿Se entiende por qué no debe forzarse?

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