l pasado 7 de febrero inició la quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos en Papantla, Veracruz. Provenientes de 74 colectivos de 21 entidades, los brigadistas suspenden hasta por tres semanas las actividades de las que obtienen su sustento para dedicarse a la búsqueda de sus familiares desaparecidos. No hay duda que esta es una de las expresiones que retratan un México en situación de abandono e insuficiencia institucional prácticamente total. En palabras de los voceros de la propia brigada, lo primero que desapareció en el país fue la justicia.

La brigada está integrada por familias de desaparecidos que llevan años acudiendo a las instituciones públicas y que no han tenido como respuesta la búsqueda de sus seres queridos; en muchos casos porque son los propios funcionarios públicos de las instituciones del Estado quienes están involucrados en la desaparición de las personas. En otros casos, porque hay regiones enteras del país en control del crimen organizado en las que las instituciones públicas no tienen una capacidad instalada real para buscar y encontrar a las personas desaparecidas.

Pero la Brigada Nacional de Búsqueda retrata, además de la ausencia de respuestas desde el poder público, las desgarradoras condiciones de sufrimiento en las que hoy viven miles de personas en México. Familias que salen al campo a buscar fosas y cuerpos humanos y que no tienen ya más esperanza que conocer con certeza el paradero final de sus seres queridos y poder recuperar sus restos.

Este retrato oprobioso de nuestro país es el retrato de una de las peores formas de vejación de la dignidad humana; la desaparición es una vejación pluriofensiva de múltiples derechos, pero sobre todo es una tortura permanente para quienes buscan a sus seres queridos sin encontrarlos, condenados a vivir en una zozobra que se debate entre la vida y la muerte.

Un mes atrás, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, junto con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, presentaron un informe sobre personas desaparecidas y las fosas clandestinas en el país, que delinea un panorama contundente que nos obliga a designar a nuestro país, prácticamente sin afán metafórico, como un cementerio clandestino. A la fecha se tiene registro de 61 mil 637 personas desaparecidas y 3 mil 631 fosas clandestinas. Del total, 11 mil 72 son niñas, niños y adolescentes; y 25.7 por ciento son mujeres. Además, 53 por ciento son jóvenes entre 15 y 34 años.

El 97 por ciento del total de personas desaparecidas corresponde a los pasados 12 años –periodo 2006 a 2019–, mientras que 1.46 por ciento corresponde a las desapariciones forzadas en el periodo de la guerra sucia ocurrida en las décadas de los 60 y 70. Las cifras de los años más recientes son las más alarmantes, pues sólo el año 2017 concentra el índice de desapariciones más alto. Y lamentablemente poco ha cambiado la situación desde el inicio del presente gobierno, pues desde diciembre de 2018 a la fecha, se tiene registro de 5 mil 184 personas desaparecidas y 873 fosas clandestinas en las que se han encontrado mil 124 cuerpos, de los que sólo 395 han sido identificados y 243 entregados a familiares.

Llama la atención también que en las estadísticas relativas a esta tragedia empiezan a aparecer estados distintos de los que tradicionalmente le estaban asociados. En Jalisco, por ejemplo, las desapariciones se han multiplicado en los pasados meses y hoy lidera prácticamente todas las estadísticas de desapariciones y fosas clandestinas. Puebla es otro caso notable, pues hoy es el quinto estado con más desapariciones, el segundo en desapariciones de mujeres; y también el segundo en desapariciones de niñas, niños y adolescentes. Lo anterior deja ver cómo las condiciones de inseguridad en el país se van diversificando y complejizando, de modo que cada vez son más los estados afectados por una violencia que se expresa en graves violaciones como las desapariciones y el desgarramiento del tejido social.

Las cifras son escandalosas, el sufrimiento es inexpresable y las acciones desde el Estado durante los pasados 10 años han sido insuficientes por decir lo menos, no obstante los esfuerzos realizados en el ámbito normativo. Nos están atendiendo, pero eso no quiere decir que nos estén resolviendo, aseguraba María Herrera, madre de cuatro hijos desaparecidos y fundadora de uno de los movimientos de familiares en búsqueda de desaparecidos más emblemáticos en el país.

Los esfuerzos legislativos se han plasmado en leyes como la Ley General en Materia de Desaparición, misma que ha promovido la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, las comisiones estatales de búsqueda y un Sistema Nacional Forense. El proceso de establecimiento de estas entidades públicas representa hoy una de las grandes apuestas del gobierno federal que comienzan a concretarse en algunos esfuerzos plausibles.

No obstante, es indispensable fortalecer la colaboración y confianza entre víctimas e instituciones del Estado y ello sólo será posible en la medida que los esfuerzos legislativos se vean reflejados en la formulación y ejecución de políticas públicas que atiendan adecuadamente a las víctimas y sus familiares, invirtiendo mayor energía y recursos en las labores de búsqueda; y generando conjuntamente procesos de justicia, verdad y reparación.

En un México de víctimas, la única manera de formular políticas pertinentes y efectivas que hagan frente a la ola de desapariciones iniciada desde 2006 es hacerlo desde las víctimas, privilegiando sus exigencias y, sobre todo, su dignidad. Como sociedad civil, a nosotros, ciudadanos de un país repleto de fosas, nos toca llevar a cabo el esfuerzo permanente de no normalizar esta tragedia; nos corresponde atrevernos a mirar y escuchar a las víctimas y sus familiares; acompañar su búsqueda y ayudarles a multiplicar, con un ánimo de empatía y compasión activa, su grito de verdad y justicia.