Monterrey, NL., Campesinos de los ejidos San Jacinto y La Barreta, pertenecientes al municipio de Linares, así como del ejido San Pedro de los Escobedos, en el municipio de China, presentaron este miércoles una demanda penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Gerardo Garza González, director de servicios de agua y drenaje de Monterrey, y Homero Antonio Cantú Ochoa, representante jurídico del gobierno de Nuevo León.

José Ramiro Barrera Hernández, comisario ejidal de San Jacinto, y abogados de los tres ejidos, denunciaron ante la delegación estatal de la FGR que ambos funcionarios estatales violaron el amparo provisional 1270/2019-VI, que impide a la administración que encabeza el gobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, iniciar la construcción de la presa Libertad, a la cual se resisten grupos de labriegos.

El pasado 13 de enero, El Bronco y los dos funcionarios imputados inauguraron las obras de pavimentación de dos caminos de terracería que comunican las cabeceras municipales de Montemorelos y Linares con el sitio donde se pretende edificar el embalse.

El gobierno estatal impulsa el proyecto, con la promesa de llevar agua potable a la zona metropolitana de Monterrey, pero los agricultores se oponen, pues afirman que en realidad se pretende abastecer con la presa a ranchos de políticos y empresarios en la región citrícola de Nuevo León.

A su vez, grupos ambientalistas y ecologistas consideran que la presa Libertad es innecesaria y costosa, pues hay suficiente agua en las inmediaciones de la zona metropolitana de Monterrey, que es atravesada por el río Santa Catarina.