l país está transitando por una redistribución del ingreso que no pasa por una reforma fiscal, sino por el establecimiento de transferencias monetarias a las personas de grupos específicos, como los adultos mayores, los estudiantes, el programa Sembrando Vida, etcétera.
La contraparte es la reducción de los privilegios y altos ingresos de la llamada burocracia dorada
y los despachos de consultores que han vivido de jugosos contratos con el gobierno. Por otra parte, la entrega directa de los apoyos a los individuos y no a distintas organizaciones corporativas ha causado protestas de sus dirigentes, que todavía tiene capacidad de movilizar a sus bases.
Uno de los efectos de estos procesos es una restructuración del mercado que afecta los establecimientos de bienes y servicios para las fracciones sociales previamente de altos ingresos garantizados. Se forma así una alianza de tres segmentos: los productores de bienes de consumo duraderos, comerciantes de estos bienes y productores de servicios para estos sectores. Se añade la ofensiva gubernamental exitosa contra el tráfico de influencias y la corrupción que tiende a involucrar a esos mismos actores. Por así decirlo, se constituyen en la base social de los grupos de poder que pugnan por mantener intacto el esquema neoliberal corrupto.
El sector salud está viviendo un proceso semejante que, empero, tiene particularidades, dadas sus características. Una es que los servicios de salud son, por definición, un servicio colectivo que lo convierte en un derecho social antes que uno individual. El esquema del Seguro Popular intentó mercantilizar el derecho a la salud mediante el esquema de aseguramiento que garantizaría el pago del servicio prestado, fuera éste público o privado. Paralelamente, el gobierno promovió los seguros privados para sus altos funcionarios abriendo de esta manera un nuevo mercado, tanto para las aseguradoras como para los grandes prestadores privados. Ambas políticas han sido suprimidas con el gobierno de la 4T.
Los dos principales grupos de poder que actúan en el sector son la industria farmacéutica y aquellos establecidos en algunos institutos nacionales y otros hospitales de alta especialidad y federales. Como se ha descubierto en no pocas ocasiones, éstos actúan en alianza. Los institutos y hospitales de alta especialidad tienen el estatuto jurídico de Organismos Públicos Descentralizados (OPD), lo que les da márgenes de actuación amplios, tanto en el nombramiento de sus directivos como en las adquisiciones de distinto tipo. La idea de darles este estatuto legal fue impedir la imposición de directivos por parte de la Secretaría de Salud e impulsar su productividad. Sin embargo, en muchos casos se han constituido grupos locales de poder que eligen
directivos leales a ellos. Estos grupos de poder tienen alianzas con las secciones sindicales que se encargan de controlar a los trabajadores, a cambio de distintos privilegios. Los directivos también establecen acuerdos con los proveedores de medicamentos, servicios e insumos que trastocan los precios constituyendo arreglos corruptos. La reciente supervisión de los secretarios de Salud y de la Función Pública en el Instituto de Neurología y en el Hospital PediátricoInfantil Federico Gómez puso a descubierto indicios de una extensa corrupción o, en el mejor de los casos, una pésima administración. También sugiere la complicidad entre la industria farmacéutica y los directivos hospitalarios. Adicionalmente, hay evidencias que insinúan la captura por el PAN del movimiento de los padres de los niños con cáncer, a través de algunos de sus integrantes.
La capacidad de negociación de los institutos y hospitales de alta especialidad por su supuesta excelencia, ha puesto en desventaja a los hospitales federales, por ejemplo el General de México y el de la Mujer, que atienden a los pacientes más pobres de toda la República, con una alta productividad, aparte de hacer investigación.
Luchan contra restricciones presupuestales que no les permiten tener instalaciones dignas en todas las especialidades ni contar con todos los insumos requeridos. Estos centros han de desempeñar un papel en la instrumentación de la nueva política de servicios médicos y medicamentos gratuitos, particularmente porque ya son federales y no requieren pasar por el proceso de federalización.
