La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el Congreso capitalino es el más oneroso del país; ello, a pesar de que en los dos años recientes ha disminuido su presupuesto.

Recordó que en 2018, la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México se asignó recursos por 2 mil 100 millones de pesos, mientras el año pasado y en lo que va de 2020, el presupuesto del órgano legislativo se fijó en mil 700 millones.

Aun así, con ese recurso sigue siendo el Congreso más oneroso de todo el país, expresó la titular del Ejecutivo local, por lo que manifestó que me parece muy bien la iniciativa de la fracción parlamentaria de Morena de reducir en 400 millones de pesos el gasto del Poder Legislativo local para destinarlos a la Universidad de la Salud y otras acciones en la materia.

Sin embargo, en 2019 los diputados capitalinos gastaron casi 300 millones de pesos por concepto de prerrogativas, más de lo que erogaron los integrantes de la última Asamblea Legislativa en tres años, cuyo monto ascendió a poco más de 265 millones de pesos, de acuerdo con datos obtenidos por este diario mediante una solicitud de información pública.

Incluso para este año, los diputados aprobaron más de 327 millones de pesos para el capítulo 4000 correspondiente a ayudas, servicios y transferencias, de donde se emiten las prerrogativas, que se utilizan para la contratación de recursos humanos, materiales y financieros, a fin de que los legisladores puedan desempeñar con eficacia y dignidad su cargo.

Dichos recursos no son fiscalizados, por lo que Sheinbaum Pardo se pronunció por que los legisladores transparenten el uso de ese dinero. Son ellos los que tienen que dar cuentas; estamos en la Cuarta Transformación y todo el mundo tiene que ser transparente, señaló.

Incluso, agregó, la Auditoría Superior de la Ciudad de México puede intervenir y revisar dichos gastos –en los que algunos diputados han admitido que hay opacidad–, aunque, aclaró, eso lo tiene que decidir el propio Congreso local.

En otro tema, la jefa de Gobierno se manifestó en contra de eliminar la tipificación de feminicidio, toda vez que éste se refiere a un crimen de odio contra la mujer por el hecho de ser mujer, al tiempo que condenó el homicidio de la joven Ingrid Escamilla a manos de su esposo.

En ese tenor, subrayó que se trata de una conquista lograda en el combate a la violencia de género, que se debe seguir reconociendo por las fiscalías y los jueces de todo el país.

Asimismo, reiteró que la Fiscalía General de Justicia local dará todas las facilidades a las estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México para que puedan denunciar casos de acoso o abuso sexual.

Aclaró que su administración respetará la autonomía de la máxima casa de estudios y que ante actos vandálicos dentro del campus, las autoridades locales no pueden intervenir, pues se trata de una zona federal.