Seis policías y peritos son investigados por la filtración de las imágenes de Ingrid N, desollada por su esposo Erick N, quien ayer fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio e ingresado al Centro Varonil de Rehabilitación Sicosocial, informó la Fiscalía General de Justicia (FGJ); en tanto, la familia de la víctima presentó una queja en la Comisión de Derechos Humanos capitalina.

La vocera de la FGJ en temas de violencia de género, Nelly Montealegre, precisó que se inició en la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos una carpeta, que derivará en sanciones administrativas y penales.

Hasta el momento ninguno de los servidores públicos ha sido separado de su cargo, pero no habrá impunidad contra los autores y partícipes responsables de la filtración de imágenes, y se investigará a fondo el caso de Ingrid, donde seremos implacables en nuestra actuación.

En conferencia de prensa, horas antes de que un juez de control calificara de legal la detención de Erick, lo vinculara a proceso, le dictara la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijara tres meses para la investigación complementaria, rechazó que el caso pudiera caerse.

Las imágenes –publicadas en algunos medios de comunicación y difundidas en redes sociales– y la declaración del imputado a un policía antes de su puesta a disposición, aclaró, no fueron aportadas en la audiencia inicial, que se efectuó de manera privada en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

El Ministerio Público presentó lo manifestado en la entrevista de la carpeta, que se reservaba su derecho, las periciales en dactiloscopía, genética, criminalística y fotografía; la intervención de los primeros respondientes y la detención del sujeto, que fue en flagrancia.

Así como el trabajo de la Unidad de Análisis de Contexto, que busca identificar patrones de violencia, cuál fue el detonante, cómo sucedieron los hechos y las violaciones a derechos humanos, y los elementos técnicos para que se decrete una real reparación del daño para las víctimas indirectas.

Comentó que no se tiene un perfil del hombre –de profesión ingeniero civil– y serán las diligencias, las periciales y el informe de la unidad de análisis los que permitirán ir determinándolo, lo cual se hará en los meses de investigación complementaria.

Tampoco, dijo, se tiene el dato con precisión de que estaba drogado, pero se irá a fondo, y el adolescente –de 14 años, quien tiene autismo y estaba en la vivienda– ya recibe tratamiento y se determinan las medidas de protección como víctima indirecta.

Queja ante la CDH

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Nashieli Ramírez, informó que los familiares de la joven de 25 años presentaron una queja por la filtración de imágenes, y consideró que mientras no haya castigos ejemplares, continuará sucediendo.

Mencionó que es delito sancionar a los medios de comunicación que publicaron las imágenes de Ingrid, porque hay una parte relacionada con libertad de expresión y no existe una regulación fuerte que determine una sanción directa.