El sexto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito ordenó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entregar una copia del expediente de investigación que realizó sobre el caso de cuatro jóvenes que fueron víctimas de tortura por parte de militares en 2009, en Tijuana, Baja California.

El 16 de junio de ese año, sin órden de aprehensión de por medio, elementos castrenses detuvieron a Ramiro Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villareal, Rodrigo Ramírez Martínez y Ramiro López Vázquez, a quienes trasladaron al 28 Batallón de Infantería, donde se les torturó con la finalidad de forzarlos a declararse culpables de delitos como delincuencia organizada, secuestro y posesión de armas, entre otros. Por estas falsas acusaciones fueron inculpados y sujetos a un proceso penal en su contra.

En 2012, acompañados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDP DH), la Organización Mundial contra la Tortura –con sede en Ginebra– y otras organizaciones, los agraviados presentaron una petición al Comité contra la Tortura de la ONU (CAT, por sus siglas en inglés).

El 24 de septiembre de 2015 el CAT condenó las acciones del Estado mexicano. Aunado a ello, en octubre de 2015, la CNDH emitió la recomendación 33/2015 por los hechos de tortura, en la que instó a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la entonces Procuraduría General de la República a colaborar en la investigación y sanción de los militares y ministeriales que participaron en los agravios contra las víctimas. Un mes después, el juez segundo de distrito de procesos penales, con sede en Tepic, Nayarit, absolvió a los cuatro jóvenes y ordenó su inmediata liberación. A pesar de ello, hasta el momento no se ha abierto ninguna investigación para castigar a los presuntos responsables de la tortura, informó la CMDP DH.

En mayo de 2016, los representantes de los jóvenes solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expedir una copia del expediente de seguimiento al cumplimiento de la recomendación para contar con información indispensable para continuar con procesos relacionados con el caso. Un año después de esa solicitud, el organismo condicionó la entrega de copias testadas del expediente a cambio del pago por su expedición, por lo que la ONG y los agraviados presentaron un amparo argumentando violación a sus garantías fundamentales por parte del organismo que debe velar por el cumplimiento de éstas.