A la fecha las autoridades no cuentan con un registro nacional de niños sujetos de adopción, ni cuántos han sido adoptados, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Nashieli Ramírez Hernández.

En el foro Por la justicia y los derechos de la infancia, organizado por la diputada Lilia Rossbach Suárez, de Morena, la ombudsman manifestó que la creación de un registro es el primer reto que debe asumir la ley de adopción, a fin de contar con un marco cuantitativo que permita dimensionar el problema.

Comentó que la reforma debe armonizar las leyes sobre derechos y protección de menores de edad, así como el Código Penal, para formar un sistema fortalecido, siempre mirando por el bien superior de los niños.

En tanto, la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local, Esthela Damián Peralta, informó que en 2019 se formalizaron 125 procesos de adopción en la Ciudad de México. Recalcó que para iniciar cada proceso se debe atravesar un largo túnel legal para comenzar los trámites, por lo que destacó que la iniciativa que se discute en el Congreso fija plazos para dar certeza a los menores sin familia.

En octubre pasado, la diputada Lilia Rossbach presentó una reforma sobre adopción de menores. Durante su discurso, la morenista manifestó que las opiniones de los expertos se tomarán en cuenta para enriquecer la ley.

Esta ley es de gran relevancia por el impacto que puede tener para cambiar el destino y futuro de muchas niñas y niños que, por diversas razones, se ubican en el grupo de mayor vulnerabilidad entre los vulnerables, puntualizó.

En su intervención, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mauricio Tabe, llamó al Tribunal Superior de Justicia local y al gobierno capitalino a acabar con la burocracia que frena los derechos de niñas y niños a ser adoptados, pues sostuvo que de mil 247 solicitudes de adopción, sólo fueron concedidas 440; es decir, 35 por ciento.

El diputado Eduardo Santillán coincidió en que la política de adopción es un fracaso, por lo que debe ser reformada, a fin de evitar que los niños en orfandad sean enganchados por el crimen organizado y la delincuencia.