En México, alrededor de 9.2 millones de viviendas se encuentran en condición de rezago habitacional. Es decir, que los materiales de techos, muros o pisos son considerados precarios, no cuentan con excusado o sus residentes habitan en hacinamiento.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda –con base en datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2018–, las entidades donde se concentra el mayor rezago son Veracruz, Chiapas, estado de México y Oaxaca, con alrededor de 3.5 millones de casas en esa condición.

Por localidades, 55 por ciento se concentra en las de hasta dos mil 500 habitantes, por lo que el gobierno considera la implementación de acciones para sustituir, mejorar o ampliar esas casas.

En las reglas de operación del programa de operación de vivienda para este año se recuerda que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estima que en la mayoría de los casos de rezago habitacional, el ingreso está por debajo de la línea de pobreza.

También, que conforme a datos del Infonavit, al cierre del segundo bimestre de 2019, de poco más de 6.8 millones de derechohabientes que pueden ejercer su crédito hipotecario, 45.8 por ciento tiene un ingreso inferior a 2.6 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización mensual, “lo que pone de manifiesto que un alto porcentaje de créditos disponibles se concentra en la población de bajos ingresos.

Se trata de la población que requiere mayores apoyos del gobierno para ejercer su derecho a la vivienda, puesto que, según el informe alternativo conjunto sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de Habitat International Coalition, en México la compra de vivienda nueva sólo es accesible para quienes perciben más de cinco salarios mínimos, ya que a partir de ese nivel de ingreso se puede acceder a créditos hipotecarios públicos y privados.

Resalta que para el Coneval, aproximadamente 73.6 millones de mexicanos se encuentran prácticamente excluidos del mercado formal de vivienda al no percibir ingresos por hogar equivalentes a más de cinco salarios mínimos.