Los fracasos jurídicos en contra de objetivos criminales, como fue el caso de Ovidio Guzmán López, hizo que ahora las operaciones más sensibles sean del conocimiento y autorización en pleno de los integrantes del Gabinete de Seguridad, por ello se realizarán nuevas acciones en contra del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera de manera coordinada entre fuerzas armadas y policiales, una vez que se consolide la obtención de la orden de detención provisional con fines de extradición, señalaron altos funcionarios del gobierno federal y de las fuerzas armadas, los cuales dieron algunos detalles de lo sucedido en octubre pasado en Culiacán, Sinaloa.

En el caso de Ovidio Guzmán, las autoridades consultadas refirieron que días antes del 18 de octubre, 25 efectivos del Ejército Mexicano y cinco elementos del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) de la División Antidrogas de la Policía Federal partieron de la Ciudad de México a Culiacán, Sinaloa, bajo el mando de un coronel.

Grupos de inteligencia militar desplegados en la capital sinaloense habían seguido durante varias semanas a Ovidio Guzmán, objetivo del gobierno de Estados Unidos al considerarlo uno de los más importantes traficantes de fentanilo a ese país y de los organizadores de narcolaboratorios para procesar este opiáceo sintético en territorio mexicano.

Las fuentes consultadas, que participan en el Gabinete de Seguridad del gobierno federal, señalaron que el 18 de octubre el grupo de 30 hombres partió de la Novena Zona Militar, se establecieron dos cercos de seguridad, pero no se habían hecho todos los acuerdos con autoridades ministeriales y judiciales para que la acción no tuviera fallas.

“Se ha considerado que existió temor del coronel que llevaba el mando de que no se volviera a ubicar a Ovidio Guzmán, ya que supuestamente se tuvo información de que saldría de la capital sinaloense, y decidió actuar. Las versiones obtenidas señalan que no hubo un exceso de confianza creyendo que el objetivo sería capturado sin problema, que se podría trasladar inmediatamente y sin oposición a las instalaciones militares y desde allí sacarlo en una aeronave.

“Sin embargo, los militares y policías no iban acompañados de un agente del Ministerio Público, y los elementos de la División Antidrogas darían cumplimiento a los requisitos legales del primer respondiente y ellos elaborarían el Informe Policíal Homologado, pero no se tenía la orden de cateo para ingresar al domicilio donde estaba el objetivo.

“El coronel no informó en tiempo ni obtuvo el aval de los integrantes del Gabinete de Seguridad. Una vez en el lugar los miembros del comando tuvieron que esperar la orden de cateo. Se posicionaron en una zona que la gente de Ovidio Guzmán había adaptado como estacionamiento, no era propiamente un ingreso al terreno del domicilio. Por eso en los videos que se han difundido no se observa a militares dentro de la vivienda.

“Los minutos pasaron y la orden de cateo no llegaba, tampoco se llevaba la orden de detención con fines de extradición. Quien iba al mando pedía que se le confirmara la orden judicial, pero la Fiscalía General de la República indicó que los jueces se negaban a librarla considerando que ya habían entrado a la vivienda, las explicaciones y movimientos convirtieron los minutos en horas y se generó toda la violencia en las calles de Culiacán.

“Aunque se mantuvo retenido a Ovidio Guzmán, nunca se materializó su detención, si se hubiera trasladado se corría el riesgo de que se acusaran violaciones al debido proceso, pero lo que en otras ocasiones se había librado en cuestión de minutos por parte de los jueces especializados, esta vez no se concretó y la precipitación de quien iba al mando tiró por la borda un trabajo de meses por parte de las áreas de inteligencia.

De ello existen constancias en las investigaciones que se integran tanto en la Fiscalía General de la República como en la Fiscalía General de Justicia Militar, señalaron los funcionarios entrevistados.

Por ello, las primeras declaraciones de los integrantes del Gabinete de Seguridad fueron confusas y contradictorias, y para determinar cada parte de lo sucedido y las responsabilidades de quienes intervinieron se están indagando por autoridades autónomas.