Después de un recorte de presupuesto y funciones en 2019, derivadas de la estructura administrativa del gobierno federal actual, la Secretaría de Gobernación (SG) se ha dedicado básicamente a atender las políticas públicas de derechos humanos, la gobernabilidad y la participación ciudadana.

Aunque por ley es la máxima responsable en migración, decisiones sustanciales en la materia las ha tomado el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con acuerdo de la Presidencia de la República.

Al inicio del sexenio, los cambios fueron contundentes para la dependencia responsable de la política interna del país, porque se le relevó de tres áreas sustanciales que había atendido desde 2006: seguridad pública y nacional, protección civil y el entonces Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional. Ello significó un lógico desplome de los recursos que llegaron a ser el sexenio pasado, para esta secretaría, de 80 mil millones de pesos en un año.

Hoy, la dependencia encabezada por Olga Sánchez Cordero tiene tres subsecretarías: Gobierno, a cargo de Ricardo Peralta, ex jefe de Aduanas; Derechos Humanos, Población y Migración, responsabilidad de Alejandro Encinas, y la de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, con Diana Álvarez Maury.

Si bien las agendas de la secretaria y los subsecretarios están todos los días a tope, los temas que atienden son básicamente los vinculados a gestiones y pedidos de otras dependencias del gobierno federal.

Por ejemplo, recién tomó la coordinación de una mesa para atender a los papás de niños con cáncer, y de enlace con empresarios farmacéuticos para asegurar el suministro de medicinas en las instituciones de salud, pero también atiende el riesgo de extinción de la vaquita marina en el Alto Golfo de California.

Asimismo, la secretaria es un enlace entre la Federación y los gobernadores, mientras el subsecretario Encinas es el presidente de la comisión especial para el caso Ayotzinapa y dedica buena parte de su agenda a la problemática de los desaparecidos en el país –unos 62 mil casos– y coordina las políticas públicas de registro de población, por citar algunas responsabilidades.

Sobre migración, un funcionario de la dependencia dijo que si bien por ley el tema, operación y generación de políticas públicas corresponden a Gobernación, a ésta sólo se le voltea a ver cuando hay problemas, como en enero con la caravana procedente de Honduras, pero las grandes decisiones se toman en las mesas coordinadas por el canciller.

Así ocurrió, comentan otros funcionarios consultados, desde enero de 2019 cuando Estados Unidos empezó a enviar a México a solicitantes de asilo de distintas nacionalidades, la batuta la tomó la cancillería, la cual en los hechos aceptó esa medida unilateral que significa el envío hasta ahora de más de 63 mil migrantes, procedentes de muchos países, no sólo centroamericanos.

Siguió en junio la firma de un convenio para contener la migración a cambio de que el presidente Trump no impusiera aranceles a los productos mexicanos.

En este proceso, agregaron, al canciller le fue asignada más tarde la conducción de una comisión intersecretarial para atender el tema migratorio, bajo el argumento de que encabeza también la negociación con Estados Unidos para lograr inversiones en la región y para detener el tráfico de armas, al tiempo que hay un canal directo entre Ebrard y el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, con el presidente López Obrador.