oy por mi mamá, por una mejor y digna jubilación”, le dijo a su familia el joven de 33 años Mauricio Fredes Lambi cuando salió de casa para participar en la primera línea de la protesta en Plaza Baquedano, rebautizada Plaza de la Dignidad en el centro de la capital chilena. Apenas hace unos días, se cumplió un mes de esa trágica noche en la que Mauricio perdió la vida al caer a una fosa de 1.80 metros de profundidad que contenía cables de alta tensión y agua.

Después de la visita en enero de la Misión Canadiense de Observación de Derechos Humanos se ha evidenciado una vez más, que el gobierno no ha atendido la grave crisis de violación a los derechos humanos y tampoco ha realizado cambios en la estructura de la policía carabinera. Las recomendaciones de las organizaciones Amnistía Internacional, ONU y Human Rights Watch, parecen ser sólo un maquillaje a la administración de un profundo conflicto social.

Mauricio era pintor y yesero en la industria de la construcción y vivía en el barrio popular de La Pintana con su abuela Sara, de 75 años, a quien consideraba su madre. En la zona, los amigos de la infancia pronto comenzaron a participar en la revuelta social desde octubre. Con ellos acudía intermitentemente los viernes a esa primera línea que permite que el resto del movimiento pueda manifestarse de manera pacífica.

El caso de Mauricio es un potente botón de muestra de la estrategia de contraisurgencia que desde la primera semana de noviembre se reforzó en el país. Mientras llega el cuarto mes de protestas, el gobierno y los carabineros intentan frenar con violencia cualquier foco de reunión o actividad política crítica al desigual sistema social imperante, el ciclo insurreccional continúa. Ahí, donde la primera línea de jóvenes se enfrenta cada viernes en la Plaza de la Dignidad, donde se presentan los enfrentamientos violentos con las fuerzas especiales de los carabineros, sus carros lanzan agua y su zorrillo que fumiga con gas lacrimógeno a la multitud. Ese viernes 27 de diciembre, la rebeldía de los jóvenes había aumentado después de las fiestas navideñas, debido a la política de cero tolerancia impuesta por el intendente de la ciudad, Felipe Guevara, además por los crecientes casos de pérdida de ojos de manifestantes por los disparos directos con píldoras lacrimogenas que la policía seguía realizando. Entre las calles Irene Morales y Bernardo O’Higgins la primera línea desafió a esa policía militarizada que esa tarde roció con agua a todo lo que se moviera, incluso a las pequeñas fogatas donde a duras penas los jóvenes intentaban secar su ropa.

La noche cayó, Mauricio se encontraba encapuchado y dentro de esa resistencia donde hombres y mujeres se alternaban posiciones con escudos, piedras y rayos láser para hacerle frente a los carabineros. En una esquina, los voluntarios paramédicos atendían a heridos de piernas y cabeza. A unos metros, cuatro mujeres con el rostro cubierto ofrecían en un carrito de supermerado lentejas gratis a quien se acercara. En el centro de la plaza los bailes y música alimentaban de energía a la insubordiación. La policía volvió a aplicar la pinza de encerrar a la primera línea para disolver la protesta. Desplegado el operativo los jóvenes corrieron para salir de esas calles. Mauricio siguió a la estampida, pero cayó en el trágico hoyo que tenía mucha agua. Como en la fosa pasaban cables con corriente, se electrocutó y eso impidió que pudiera salir, explica Luis Cordero, tío de Lambi. Días después el Servicio Médico Legal confirmó la muerte a causa de asfixia por sumersión. Sin embargo, a un mes del hecho, no queda claro si esa agua estaba ahí regularmente o fue la acumulada por la acción represiva de los carros hidrantes. Además de que la tapa de concreto que ese tipo de fosas deben mantenerse en su lugar ante la alta afluencia peatonal. Una fosa subterránea de corriente no debe de llevar agua, es sospechoso. El intendente (de la ciudad) culpa a la gente que había destruido la fosa para atacar a los carabineros.

Los manifestantes de la primera línea honraron a su muerto desde esa madrugada. El traslado del cuerpo a La Pintana fue como una caminata fúnebre para un héroe de la patria y el funeral, una fiesta de honor con bombo, platillos, cánticos y comida. La gente solidaria los apoyó para pagar los gastos funerarios; hoy la familia se recupera por la pérdida y la denuncia penal con un abogado está en camino. El juicio por el deslinde de responsabilidades caería indudablemente sobre la empresa de energía eléctrica; el jefe de carabineros, Alejandro Rosas; el intendente, Felipe Guevara, y el gobierno central del derechista Sebastián Piñera. Éste, con 6 por ciento de aprobación popular, se sigue aferrando a su puesto. Ya está bueno de la desigualad para la gente. Si no quiere apoyar al pueblo, que renuncie y que coloquen a alguien que sea capaz, espetó Luis al final de la charla, mientras su familia conversaba.

Con el caso de Mauricio y con la muerte de Jorge Mora, aficionado del equipo de fútbol Colo Colo, el pasado 29 de enero, atropellado por el carabinero Carlos Martínez, la grave situación de los derechos humanos empeora y degrada no sólo la legitimidad de la institución policial, sino que abre más la grieta del sistema político chileno que se sostiene con alfileres.

La insubordinación popular chilena no sacará los pies de las calles previo al plebiscito de abril próximo en el que se decidirá si se convoca o no a un órgano constituyente que redacte una nueva Constitución; de lo contrario, continuará con vigor y no dejará que le arrebaten la dignidad ahora con sus propios mártires y tuertos a cuestas.

*Antropólogo