El presunto líder del cártel la Unión Tepito, Óscar N, El Lunares, obtuvo auto de libertad por lo que hace a los delitos federales que se le imputaron luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo acreditar que la aprehensión la realizaron policías capitalinos cuando circulaba en un vehículo en el estado de Hidalgo, sino que fue sacado de una casa.

Esta es la segunda vez que el resultado de operativos difundidos como la culminación favorable de grandes acciones de inteligencia por parte de la policía capitalina en contra de grupos delictivos de la Ciudad de México resultan en fracasos judiciales.

En octubre, 27 presuntos integrantes de ese grupo delictivo obtuvieron resoluciones favorables al demostrar que los policías mintieron en sus informes homologados y realizaron actos que vulneraron el debido proceso.

Ayer, cuando parecía que todo estaba listo para que se dictara la vinculación a proceso y se ratificara la prisión preventiva oficiosa, la audiencia dio un vuelco. Un solo testimonio y un video grabado con un celular tiraron los argumentos de la FGR, y pusieron al descubierto lo mal elaborado del Informe Policial Homologado que presentaron las autoridades capitalinas, ya que en ese documento no se asentó de manera real cómo ocurrió la aprehensión de El Lunares.

En una audiencia en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en el Reclusorio Oriente, y que duró más de 16 horas, los agentes del Ministerio Público no pudieron acreditar que el arresto se realizó con apego a derecho.

El documento elaborado por autoridades capitalinas tenía inconsistencias de tiempo, modo y lugar en cuanto a la captura de este sujeto y otros dos, a quienes se les pretendía imputar la comisión de delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya que supuestamente habían sido detenidos en posesión de ellas y droga mientras circulaban en un vehículo.

Por casi 12 horas los representantes de la FGR convencieron a la jueza Beatriz Moguel que dos testigos presentados por los abogados de los imputados no resultaban idóneos para probar que la defensa había obtenido de manera legal los videos grabados por las cámaras de vigilancia del fraccionamiento Los Amores de Don Juan, en Tolcayuca, Hidalgo, el pasado 31 de enero.

Aunque la mujer que se ostentó como la representante de los habitantes del fraccionamiento se esforzó en sostener que ella había autorizado la entrega de las grabaciones con la aprobación de sus vecinos, cayó en contradicciones y se reveló que sin tener el consenso de los condóminos ordenó que se hiciera una copia y se proporcionarán a una persona presuntamente relacionada con los tres detenidos.

La base para desechar la prueba de cómo se dio la detención, fue que al no contar con una verdadera representación vecinal y sin consenso, ponía en riesgo datos personales de los habitantes del condominio, lo que vulneraba su reglamento.

Asimismo, se puso en duda la veracidad del procedimiento que la presunta representante condominal y un vigilante siguieron para obtener una copia de los videos y entregarlos a los defensores de los imputados. Así, los abogados de El Lunares y sus coimputados tuvieron que desistirse de presentar dos testigos más, y solamente solicitar que un quinto compareciera.

En ese momento lo que parecía un triunfo de la FGR se transformó en derrota. La defensa de los imputados logró demostrar que las autoridades no detuvieron a los acusados cuando circulaban en una camioneta, sino que los sacaron de los domicilios del fraccionamiento.

La jueza dijo a los fiscales que presentaron contradicciones insuperadas e insuperables en modo, tiempo y lugar, y decretó la libertad de los tres detenidos, quienes hasta la madrugada de ayer se encontraban en el penal del Altiplano, desde donde siguieron por videoconferencia la audiencia en la capital.

Elba Mónica Bravo

Óscar N, El Lunares, fue aprehendido por segunda ocasión en nueve días por agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina acusado de secuestro exprés agravado, por lo que fue trasladado en un convoy fuertemente custodiado al Reclusorio Norte.

A pesar de que el presunto líder de la Unión Tepito salió del penal por el acceso principal, escoltado y con un oficio de liberación, ya lo esperan 30 agentes de la PDI y del Grupo Especial de Reacción e Intervención de la FGJ en siete vehículos, para cumplimentar la orden.

Una mujer con el rostro cubierto fue la que se presentó ante El Lunares: Somos agentes de la Policía de Investigación de la CDMX. Te hago conocimiento que cuentas con una orden de aprehensión vigente en tu contra por el delito de privación de la libertad personal en su modalidad de secuestro exprés agravado.

Alrededor de las 16 horas el imputado –a quien las autoridades capitalinas consideran como uno de los principales generadores de violencia en la ciudad y que en caso de acreditarse su responsabilidad podría alcanzar hasta 60 años de prisión– escuchó atento a la agente que leyó sus derechos.

Dijo que se contaba con un oficio de colaboración para internamiento, además de que sería trasladado a la fiscalía mexiquense, y posteriormente a la coordinación territorial 4 y 5 de Miguel Hidalgo, en la capital, para su valoración médica, física y sicológica con el fin de obtener la certificación del médico legista de no estar golpeado o haber sido torturado durante su traslado.

En un video de la FGJ se muestra cuando la agente preguntó a El Lunares: ¿Es usted extranjero? Él respondió: No, señorita, soy mexicano; luego explica que tiene derecho a un traductor o intérprete, el cual será proporcionado por el Estado: ¿Entiende perfectamente el idioma español? Sí, señorita, contestó y asintió con la cabeza.

Al momento de su captura el inculpado vestía ropa deportiva y no se le colocaron las esposas hasta que fue ingresado a la fiscalía para su revisión médica.

Finalmente, ingresó al Reclusorio Norte minutos antes de las 20 horas en espera de que un juez de control cite a la audiencia inicial.

Por la tarde, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la estrategia de seguridad busca erradicar a grupos delictivos y su nivel de violencia, pero hizo un nuevo llamado a los jueces a que vean las circunstancia y condiciones, todo lo que rodea una detención más que un detalle en donde se sustenta este caso, particularmente cuando se trata de delincuencia organizada.