a historia se repite. Una vez más se acusa a un movimiento estudiantil de estar sujeto al control de actores externos a los que se califica como la mano negra que dirige sus acciones.

El 15 de mayo de 1929, el entonces presidente, Portes Gil, acusó a los líderes del movimiento estudiantil de ser ajenos a la Universidad y perseguir fines políticos. Eran, a su juicio, la mano negra de su época, un intento de desestabilizar a la Universidad y al país. El 10 de julio del mismo año, el Congreso aprobó la Ley Orgánica que otorgó la autonomía. Pocos años después, el movimiento del 29 y sus líderes serían considerados los protagonistas de acontecimientos históricos que dotaron a la llamada máxima casa de estudios de una de sus mayores fortalezas: la autonomía.

En 1968, según el gobierno, el movimiento estudiantil era promovido y dirigido por la mano negra del comunismo internacional. Caracterizaban a la lucha estudiantil como un intento de desestabilización del régimen y del país, en la víspera de las Olimpiadas. En las torturas e interrogatorios la policía perseguía también a la mano negra de priístas resentidos. Lombardo Toledano decía que la CIA era la mano que mecía la cuna. Cincuenta años después nadie se atreve a sostener algo así y se reconoce la fuerza ética y moral del movimiento, junto a su claridad política y capacidad organizativa.

En 1986-87, el rector Carpizo acusó en un desplegado público a diversas organizaciones políticas (Convergencia Comunista 7 de Enero, Partido Revolucionario de los Trabajadores y revista Punto Crítico, entre otras) de estar atrás del Consejo Estudiantil Universitario. Esas eran las manos negras cuyos agentes y agitadores profesionales manipulaban a los estudiantes en la lucha contra las reformas restrictivas del acceso y la permanencia de estudiantes en la Universidad, así como por la gratuidad y el Congreso Universitario. Como en otras ocasiones se intentó desacreditar a todo el movimiento aduciendo la presencia de intereses políticos ajenos a la Universidad.

El discurso se repitió con más fuerza y encono en la larga huelga del Consejo General de Huelga, en 1999-2000. También se les llamó infiltrados, agitadores, representantes de intereses políticos externos inconfesables. Las manos negras se ubicaban tanto en el gobierno del Distrito Federal como en diversos grupos denominados ultraizquierdistas. La demanda central de gratuidad fue lograda a un alto costo, la entrada de la policía a la UNAM y la detención de centenares de estudiantes.

Hoy las luchas de 86-87 y 99-2000 han sido completamente legitimadas. Esto es lo que representa en los hechos el reconocimiento del derecho a la educación superior pública gratuita en el artículo tercero. Las manos negras llegaron hasta la Constitución.

Quienes han invocado estos descalificativos para los movimientos de estudiantes se han equivocado siempre. Hoy asumen, una vez más, que las estudiantes en lucha contra la violencia de género son jóvenes manipulables, sin claridad ni voluntad propias. No entienden ni aceptan que tienen la capacidad para definir sus demandas, organizarse, diseñar sus estrategias y poner en práctica acciones de manera independiente.

Se les trata de anular al hablar de mano negra y de desestabilización. Buscan explicaciones simplistas, responsables materiales e intelectuales ajenos a sus movimientos. Al centrarse en encontrar la mano negra, quienes las acusan son incapaces de entender y atender las causas reales que dan lugar a las tomas y paros. Por ello no conocen verdaderamente a las estudiantes en lucha. No hay respeto, no reconocen a sus organizaciones, no se dirigen a ellas, ni utilizan los nombres de sus colectivos.

En este contexto de polarización, los conflictos se alargan, se generan más condiciones de radicalización, de incorporación de nuevas demandas y actores estudiantiles, de otros proyectos políticos y otras formas de acción.

Es el discurso de la mano negra el que verdaderamente provoca y desestabiliza. Genera mayor distancia y desconfianza. Impide la construcción de canales de comunicación, la construcción de propuestas compartidas para erradicar la violencia de género y, al final de cuentas la búsqueda de acuerdos necesarios para encauzar los conflictos y entrar en un proceso de construcción colectiva de una UNAM sin violencia y con verdadera igualdad de género.