La fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy Ramos, afirmó ante diputados del Congreso local que el Plan de Política Criminal para la Ciudad de México 2020 se basa en un análisis claro de la incidencia delictiva, por lo que pidió reformar la respectiva ley orgánica para que los delitos con visos de delincuencia organizada sean llevados a un área con ministerios públicos y policías de investigación altamente capacitados.

Al acudir a una mesa de trabajo para explicar el texto que entregó el pasado 1º de febrero, Godoy sostuvo que la política criminal de la ciudad no debe ser tarea de una sola institución, sino de todas aquellas que trabajan en el tema de seguridad, desde justicia cívica hasta el sistema penitenciario.

Adelantó que la próxima semana se emitirá una convocatoria internacional para construir el banco de ADN y perfiles genéticos para uso forense, en el que se prevé una inversión de 107 millones de pesos y se cuenta con la asesoría del especialista en temas de búsqueda José Antonio Lorente Acosta, de la Universidad de Granada, España, que espera comience a funcionar en agosto.

Indicó que se cuenta también con suficiente presupuesto para 100 nuevas plazas en la Policía de Investigación y 70 de peritos en criminalística, fotografía, medicina forense y hechos de tránsito.

A partir del diagnóstico de incidencia delictiva prestado, dijo que el tema de violencia familiar tendrá prioridad en atención al haber recibido en 2019 más de 27 mil denuncias, que representan 38 por ciento del total.

En la estrategia para abatir el rezago en órdenes de aprehensión que están sin cumplimentar, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Guardia Nacional tendrá prioridad la localización de personas relacionadas con homicidios, delitos sexuales y robos.

En su exposición, refirió que los delitos denunciados en 2019 en la ciudad representaron 12 por ciento del total del país y una tasa de 2 mil 689 por cada 100 mil habitantes.

Explicó que ocho de cada 10 son de bajo impacto y las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc ocuparon los primeros lugares en denuncias de delitos de alto impacto, y se ubicaron 30 colonias que concentraron 25 por ciento de incidencia.

Informó que adicional a la denuncia que se judicializó contra un estudiante de la UNAM por violencia digital –a partir de la llamada ley Olimpia– se iniciaron 20 carpetas de investigación más a partir de las denuncias de un grupo de universitarias.

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán Pérez, afirmó que con este documento la ciudad pasa de la ocurrencia a la planeación en la estrategia para la persecución de los delitos, en tanto que la coordinadora de Morena, Martha Ávila, convocó a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general a sumarse a proceso de consulta para llegar a un documento con un alto consenso social.