l dato era esperado: el PIB mexicano en 2019 fue menor en 0.1 por ciento respecto a 2018. Se trató de la primera contracción en diez años. Para el grueso de los analistas económicos, el principal inhibidor
del crecimiento fue un choque de confianza, junto con que la curva de aprendizaje fue significativa y, por supuesto, que el gasto y sobre todo la inversión pública se contrajeron. En el choque de confianza se documentó que la decisión de cancelar las obras del nuevo aeropuerto hizo que empresarios de diversos ramos detuvieran sus inversiones. Este consenso olvidó la responsabilidad de las decisiones de política monetaria en la contracción de la economía.
La determinación de mantener una política monetaria restrictiva, es decir, de altas tasas de interés, tomada autónomamente por la junta de gobierno (JG) del Banco de México, tuvo un impacto sobre la inversión que pudiera ser comparable con el choque de confianza. Desde principios de año, la postura monetaria ha sido francamente restrictiva. El 20 de diciembre de 2018 en la reunión de la JG, todavía conformada con subgobernadores nombrados en sexenios anteriores, pero con la presencia de Urzúa y Herrera, secretario y subsecretario de Hacienda del gobierno de AMLO, se decidió incrementar 25 puntos base la tasa de interés de referencia llevándola a 8.25 por ciento anual.
En esta decisión lo fundamental es que para nuestro banco central su encomienda fundamental es mantener la estabilidad de precios. Por ello, si los precios rebasan lo que ellos consideran la evolución deseable de la inflación, una variación de entre 2 y 3 por ciento anual, es necesario reducirla con tasas de interés que desalienten la inversión. Al desestimularse la inversión se enfría la economía, haciendo que la inflación se ubique en ese nivel deseado. Por esto, para entender las decisiones de la JG debe revisarse el comportamiento de la inflación.
En ese mes de diciembre de 2018, la inflación anualizada fue de 4.83 por ciento, de modo que decidieron un rendimiento real financiero de 3.42 por ciento anual, lo que en términos de las tasas internacionales de interés resultaba francamente elevado. El 7 de febrero, la JG, ya con Esquivel y Heath, nuevos subgobernadores nombrados a propuesta de AMLO, decidió unánimemente mantener su postura monetaria restrictiva fijando la tasa en 8.25 por ciento. En enero de 2019 la inflación anualizada se había reducido a 4.37 por ciento anual. Consecuentemente la decisión de política monetaria seguía siendo restrictiva.
El 28 de marzo la JG otra vez mantuvo la tasa de interés en 8.25 por ciento, aunque la inflación seguía disminuyendo con un registro en febrero de 3.94 por ciento. En un ambiente en el que las expectativas de crecimiento se reducían, el BdeM mantenía una postura monetaria eminentemente restrictiva. Para la reunión del 16 de mayo, otra vez mantuvieron la tasa de interés en 8.25, considerando que la inflación mostraba resistencia a reducirse a su nivel deseado. En marzo y abril hubo un ligero repunte que llevó la inflación al 4 por ciento el primer mes y a 4.41 en abril, pero la tasa de interés resultaba elevada innecesariamente. A mediados de año, el 27 de junio, de nuevo mantuvieron la tasa en 8.25 por ciento, esta vez no por decisión unánime, sino con el voto en contra de Esquivel que propuso reducirla 25 puntos base. El comportamiento de la inflación fue a la baja con registro de 4.28 en mayo.
El 15 de agosto, por fin, la JG del banco central redujo la tasa de referencia un cuarto de punto dejándola en 8 por ciento, con el voto en contra de un subgobernador que propuso mantener la tasa en 8.25. La inflación se estaba reduciendo, llegando a 3.85 en junio y 3.78 en julio. La primera reducción de la tasa de interés del año, la mantuvo en un nivel que duplicaba la tasa de inflación. La postura restrictiva se mantenía. El 26 de septiembre volvieron a disminuir la tasa de interés 25 puntos base, dejándola en 7.75, con el voto en contra de Esquivel que propuso dejarla en 7.5. La inflación seguía cayendo: en agosto llegó a 3.16 por ciento anual. La decisión era aligerar la restricción, pero no eliminarla.
En la última reunión de 2019 volvieron a reducir la tasa en un cuarto de punto para fijarla en 7.50 por ciento anual, cuando la inflación de septiembre y octubre había sido de 3 y 3.02 por ciento anual respectivamente. Esquivel y Heath propusieron en esta reunión reducir la tasa 50 puntos base y no 25 como aprobaron los otros miembros. De nuevo hubo una reducción de la tasa de interés, pero manteniéndola significativamente alta en términos reales, lo que evidencia una postura monetaria claramente restrictiva.
En todo 2019, con estimaciones del desempeño del PIB que mantenían el consenso de que la economía cerraría el año con una ligera caída y con una inflación que se reducía con cierta claridad, la política monetaria requería contribuir a revertir las tendencias recesivas. Sin embargo, el BdeM mantuvo su postura. Es claro que para que la JG aceptara este requerimiento fue insuficiente la entrada de dos subgobernadores, provenientes de medios profesionales distintos a los típicos. Sus votos en contra han quedado registrados, pero eso no sirve para contrarrestar una evolución desfavorable. Para hacer que el BdeM considere el impacto recesivo de sus decisiones se requiere modificar su ley orgánica. Esto debe y puede hacerse.
