Familiares de Fátima, niña de 12 años que fue víctima de feminicidio hace cinco años, apoyados por activistas y organizaciones sociales, colocaron frente a las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado de México el primer monumento para visibilizar el fenómeno y exigir que ningún crimen de este tipo quede impune.

Este es el primer memorial en honor a víctimas del feminicidio de alrededor de 35 que se pretende instalar en distintos puntos del país para que la sociedad conozca los casos y se una la exigencia de justicia, destacaron.

Los padres de Fátima debieron huir de una comunidad del municipio de Lerma por las constantes amenazas que recibían de parientes de los victimarios.

El 5 de febrero de 2015 Fátima regresaba de la escuela acompañada una amiga. Tras bajar del autobús para ir a su casa, se encontró a tres vecinos jóvenes, quienes la secuestraron y la atacaron.

Sólo uno de los tres acusados ha recibido sentencia (73 años de prisión). Otro sigue en juicio y el tercero quedará en libertad en octubre próximo, pues cuando participó en el crimen era menor de edad.

Lorena, madre de Fátima, pidió justicia al gobernador, a los jueces y a magistrados y diputados y que ya no la revictimicen en los procesos penales. Señaló que las autoridades no han cumplido con la reparación del daño ni han garantizado protección para la familia.

En Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Publica, informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga la muerte de Andrea Candelaria y Ana Carolina, originarias de Tamazula, Durango, ocurrida el pasado 27 de enero en la carretera a Sinaloa, en la sindicatura de Culiacán.

Ocho agentes de la policía estatal son investigados por la muerte de las dos mujeres, que serían familiares de José Rosas Aispuro Torres, gobernador de Durango.

La SSP asegura que ocurrió un enfrentamiento cuando un acompañante de las jóvenes disparó a los agentes, pero una sobreviviente, prima de las víctimas, aseguró que los oficiales les dispararon porque el vehículo en que viajaban no se detuvo; además, señaló que la hicieron firmar una declaración en blanco, entre otras irregularidades.

Diputadas del Congreso local demandaron a la FGE aclarar el crimen y condenaron los ocho feminicidios cometidos en la entidad este año.