Madrid. Mientras más se profundiza en la investigación, más turbia se torna la trama. La Fiscalía Anticorrupción española y un testigo clave, Antonio Béjar, quien además fue director de la entidad financiera, señalan al ex presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Francisco González, de ser el responsable de haber ordenado la contratación de una red de espionaje dirigida por un ex comisario de policía corrupto. En el sumario judicial se habla, además, de pago de dádivas ilegales, de miles de horas de grabaciones clandestinas, de seguimientos subrepticios a los deudores y competidores del banco y hasta de amenazas y acoso. La antigua cúpula del BBVA, con su ex presidente González a la cabeza, podrían ser imputados de varios delitos, entre ellos el de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.

Cuando más se estrecha el cerco judicial contra el ex presidente Francisco González, éste, en un gesto poco habitual, decidió hacer público un breve comunicado en el que aseguró que no participó en la contratación de la empresa Cenyt, del ex comisario de policía corrupto José Manuel Villarejo –en prisión desde hace varios años–, y que tampoco tuvo conocimiento de la contratación de esta compañía por parte de BBVA hasta mayo de 2018. Además, asegura que desconocía las actividades que desarrollaban Cenyt y Villarejo y, por tanto, considera que no puede atribuírsele ningún tipo de responsabilidad sobre cualquier actividad ilegal que pudieran haber realizado.

Pero la investigación policial y judicial, las pruebas recabadas, los testimonios y las declaraciones ante el juez de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, lo colocan en la cúspide de la trama junto a su ex jefe de seguridad en la entidad financiera, Julio Corrochano. Según los hechos probados por la justicia, BBVA habría pagado más de 10 millones de euros (200 millones de pesos) a la red empresarial creada por el ex policía para blanquear dinero. Las atribuciones las recibió a cambio de los servicios de espionaje para investigar a clientes e, incluso, para vigilar los pasos de otros bancos y directivos competidores, como fue el caso de Ausbanc y su ex presidente, Luis Pineda.

Tanto el juez como los propios fiscales del caso, Miguel Serrano e Ignacio Stampa, comparten la teoría de que existió una acuerdo bilateral entre el entramado de empresas del policía corrupto, Villarejo, con la cúpula del BBVA. Esa transacción la operó desde su condición de máximo jefe de seguridad del banco Julio Corrochano, pero según la reconstrucción de los hechos realizada por la justicia y la policía españolas, éste actuó por órdenes del entonces presidente González. De hecho, el escrito del fiscal advierte que fue el propio González quien ordenó la contratación de forma opaca.

La justicia tiene abundante información del espionaje al que sometieron el BBVA y su entonces aliado, Villarejo, a destacados empresarios, como el ex presidente de Sacyr, Luis del Rivero, o de Francisco Martín, de Mantisa, pero también de políticos, como el ministro de Industria durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, a quien le habrían seguido e intentado hackear su celular para sustraer información hasta en 13 ocasiones. De hecho cuando se detectaron estos intentos por la red de espionaje del ex comisario Villarejo tuvieron que intervenir los servicios de inteligencia españoles.