Un juzgado de distrito se negó a analizar una petición de amparo presentada por un grupo de la diversidad sexual de Yucatán con el argumento de que los quejosos no demostraron ser gays, lo cual no sólo es un argumento absurdo, sino que además puede calificarse de acto de obstrucción de la justicia.

Así lo indicó Carlos Escoffié, abogado del Colectivo por la Protección de Todas las Familias de Yucatán (CPTFY), quien lamentó que en dicha entidad aún sigan sin acatarse las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el sentido de que es inconstitucional que cualquier estado prohíba el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El litigante recordó que en 2019 la mencionada organización civil presentó dos demandas de amparo contra el Congreso estatal por no haber aprobado las adecuaciones necesarias a fin de permitir el matrimonio igualitario y por el hecho de que los legisladores han votado en secreto y no públicamente.

Sin embargo, el juzgado tercero de distrito negó uno de los amparos con el argumento de que las personas inconformes no habían acreditado ser miembros de la comunidad LGBTI+, lo cual resulta absurdo, pues cualquier integrante de un grupo históricamente excluido sólo necesita autoadscribirse como tal, sin necesidad de demostrarlo, explicó Escoffié.

Es un principio básico del derecho, que nadie está obligado a demostrar lo imposible; es un escenario absurdo y no podría servir para desechar la demanda. Había una argumentación que tenía que ser atendida, incluso si las personas no eran parte de la comunidad LGBTI+, enfatizó el jurisconsulto.

De acuerdo con Escoffié, aunque la petición del CPTFY todavía puede avanzar en un tribunal colegiado, la actitud del juzgado de distrito podría ser considerada como acto de entorpecimiento del acceso a la justicia, pues tanto la SCJN como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya han señalado que negar el derecho al matrimonio igualitario es un acto de discriminación.