El Poder Judicial es el más opaco de todos los sujetos obligados de transparencia, porque es prácticamente imposible acceder a las sentencias que tienen impacto social, particularmente a escala estatal, y a la complejidad de sus portales se añade el lenguaje poco comprensible para la mayoría de los ciudadanos, aseveró Ana Pecova, de la organización Equis Justicia, durante la presentación de la Guía de Transparencia Proactiva.

El documento elaborado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) pretende alentar mayor transparencia de la actuación institucional más allá de las obligaciones de ley.

Durante la presentación, la comisionada Patricia Kurczyn señaló que la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con el tope para definir el monto de las pensiones de los trabajadores sólo ha generado zozobra y angustia entre la sociedad, que no ha entendido los alcances de esa decisión, ni la Corte lo ha explicado.

El comisionado Joel Salas sostuvo que con independencia de las responsabilidad que tienen los sujetos obligados, en tiempos de transición es necesario para el ciudadano que exista una transparencia proactiva.

El ciudadano debe tener acceso al conocimiento de por qué la medicina que siempre le suministraban ahora no es accesible, por qué no hay médico en su clínica o la dinámica de funcionamiento de la escuela de sus hijos, agregó.

Pecova alertó acerca de deficiencias importantes en el Poder Judicial en la materia, que van más allá de que a escala federal la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) coloque toda la información de sus sentencias en el portal, cuyo lenguaje es poco digerible para el ciudadano. O bien que sólo busquen hacer accesibles a las personas con discapacidad o a las comunidades indígenas las resoluciones que tienen que ver con ese sector, cuando debe procurarse que conozcan todo.

Además, Pecova destacó un grave desfase entre el Poder Judicial Federal y los estados: en un sondeo con los jueces de Oaxaca se detectó que sólo 8 por ciento conocía las resoluciones recientes de la SCJN. En esa lógica, no es posible que se apliquen los nuevos criterios emitidos si de entrada hay un desconocimiento de quien debe impartir la justicia.