ace décadas se encendieron los focos rojos en materia pensionaria, dada la corrupción galopante en el IMSS, la tolerada –no gratis, desde luego– evasión de cuotas obrero-patronales, registro de los trabajadores con salarios menores a los reales (de por sí miserables), el desvío de fondos a negocios y obras lejanas del objetivo real de la institución, los abultados prestamos del instituto al gobierno federal (nunca devueltos), el avance sostenido de la subcontratación y tantas otras gracias que cada uno de los directores generales (tarifario en mano) no sólo permitieron sino que, en no pocos casos, alentaron, amén de que se comieron buena parte de las reservas... para las pensiones.

Por si lo anterior fuera poco, al gobierno zedillista se le ocurrió que la mejor idea (la gran solución social al México moderno de hoy, por ser un sistema para el futuro, moderno, ágil, transparente y, sobre todo, justo, porque los trabajadores tienen la seguridad de que a su retiro tendrán una pensión justa, según declaración del propio Ernesto Zedillo) era privatizar el sistema pensionario nacional, un jugoso negocio que entregó a los barones de siempre.

En tiempos de Peña Nieto, el oscuro director de la Consar, Carlos Ramírez, presumía logros innumerables por la privatización de las pensiones, pero poco más de dos décadas después de la creación de las Afore el mayor de esos logros es que seis de cada 10 mexicanos no cuentan con ese derecho, y quienes de milagro lo mantienen están condenados a recibir pensiones miserables. Y cuando la realidad llamó a su puerta, entonces él propuso que con 10 pesitos adicionales de ahorro para el retiro todo se resolvería.

Pero, como se ha comentado en este espacio, hay de mexicanos a mexicanos. Con base en el informe sectorial de la Auditoría Superior de la Federación (con datos a 2013) y relativo a las pensiones de la jerarquía burocrática, los servidores públicos de alto nivel se sirven con la cuchara grande. Por ejemplo, en el Banco de México las pensiones son de 232 mil pesos al mes; Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, 225 mil; Luz y Fuerza del Centro (en proceso de liquidación) 285 mil; Comisión Federal de Electricidad, 254 mil; Bansefi, 200 mil (ahora Banco del Bienestar); Consejo de la Judicatura Federal, 109 mil; Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 112 mil; Pemex y Banco Nacional de Comercio Exterior, 250 mil; Issste, 188 mil; y entre 150 mil y 180 mil, Banobras y Nacional Financiera. En universidades como la de Nayarit y Nuevo León (ambas públicas), más de 209 mil. De esas nadie se queja, aunque son insultantes ante la realidad de los pensionados de a pie, que en su mayoría obtienen un salario mínimo mensual, si bien les va.

De cualquier suerte de nuevo el gallinero se alteró, pues la SCJN emitió una jurisprudencia (24/1 20), en la que, palabras más o menos, niega la posibilidad de reducir el monto pensionario por vejez, debido a que la Constitución prohíbe dar efectos retroactivos a una norma en perjuicio de persona alguna. Además, su contenido es prácticamente igual al de las emitidas en 2010, 2012 y 2018.

Zoé Robledo, director general del IMSS, dijo: nadie corre riesgo en el monto de su pensión; no se rasuran ni reducen. Se seguirán calculando en 25 salarios mínimos para quienes estén en el modelo de transición de las leyes de 1973 y de 1997. La controversia de tesis emitida por la Segunda Sala de la SCJN no es de aplicación obligatoria; no significa que estemos en desacato, sino que no aplica al Seguro Social.

Las rebanadas del pastel

¿Quién amaneció como el caballo blanco? Pues el mismísimo Germán Larrea, quien, con el hocico sangrando, debe acatar la resolución de la SCJN: el sindicato que preside Napoleón Gómez Urrutia es el representante legítimo de los trabajadores (y de su contrato colectivo) en la mina San Martín, en Sombrerete. Zacatecas, representatividad que el tóxico empresario negó desde 2007. ¡Tómala, barón!

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