Indígenas integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (Multi) marcharon ayer en la ciudad de Oaxaca para conmemorar el décimo aniversario del asesinato de cuatro habitantes de la comunidad San Miguel Copala, en la región de la Mixteca, atentado que propició el desplazamiento de 150 familias.

Los manifestantes, vestidos con atuendos tradicionales, partieron de la Fuente de las Ocho Regiones, en la colonia Reforma, hacia el zócalo de la capital oaxaqueña.

Su dirigente, Macario García Merino, dijo estar de acuerdo con la propuesta del gobernador priísta Alejandro Murat Hinojosa de signar un acuerdo de paz para la zona triqui y así evitar más conflictos; no obstante, puntualizó que no puede haber paz sin justicia.

Destacó que han sido asesinados muchos militantes del Multi, pero los responsables no han recibido castigo. Además, exigió que las 150 familias que entre 2010 y 2011 abandonaron San Miguel y San Juan Copala (durante los gobiernos de Ulises Ruiz Ortiz y Gabino Cué Monteagudo) puedan regresar en paz a sus comunidades y recuperar sus tierras.

En tanto, más de mil personas marcharon y realizaron un mitin en el zócalo de Cuernavaca, Morelos, para exigir al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y al presidente Andrés Manuel López Obrador que se castigue a los autores intelectuales del asesinato de Gustavo Salgado Delgado, luchador social y dirigente estatal del Frente Popular Revolucionario (FPR), quien fue privado de la libertad y posteriormente encontrado sin vida en el municipio de Ayala, con cortes en el cuello y en las manos, el 4 de febrero de 2015.

Este martes, al cumplirse cinco años del homicidio del activista, el dirigente de la Asociación Cívica Gustavo Salgado Delgado, Gabriel Rivas Ríos, y el dirigente nacional del FPR, Florentino López Martínez, demandaron en la movilización que se llame a cuentas al ex alcalde de Ayala y ex diputado local perredista José Manuel Tablas Pimentel, a quien acusaron de ordenar que se diera muerte de Gustavo Salgado.

Solicitaron a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso y afirmaron que el ex gobernador Graco Ramírez (2006-2012) protegió a Tablas Pimentel para que la fiscalía estatal no lo investigara.

“Los (cuatro) autores materiales se encuentran presos y fueron sentenciados a 32 años de prisión, pero para nosotros no es suficiente. Queremos una línea de investigación que involucre a José Manuel Tablas Pimentel, ya que hay un audio que fue difundido en redes sociales en el cual pacta con la delincuencia organizada para que lo dejara hacer la feria de Tenextepenago cuando él era presidente municipal (de Ayala); a cambio le pidieron dinero y le dijeron que de ‘los comunistas de Ayala’ ellos se encargaban, que ya él se los había encargado”, dijo Gabriel Díaz.

A su vez, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, sostuvo que las autoridades de Morelos, lo mismo Blanco Bravo que los 36 alcaldes y sus corporaciones de seguridad pública, están rebasados por el crimen organizado.