Diputados en el Congreso capitalino alertaron sobre el incremento de la violencia familiar en la Ciudad de México, pues al día se inician 53 carpetas de investigación, en promedio, por este delito.

Ayer se hizo público el Plan de Política Criminal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ). Su presentación oficial, a cargo de la fiscal Ernestina Godoy Ramos, fue cancelada debido a la presencia de manifestantes afuera del recinto legislativo; no obstante, el documento fue distribuido a fin de recibir opiniones de organizaciones sociales y autoridades.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán, destacó que el plan contiene un diagnóstico sobre los delitos que aquejan a cada una de las alcaldías de la ciudad. Por ejemplo, en Benito Juárez se registra un aumento de denuncias por robo de vehículo sin violencia; en Venustiano Carranza impera el narcomenudeo; en Xochimilco se identifica el despojo; mientras en Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta se registra mayor incidencia de violencia familiar.

Sobre este punto, expresó que se reforzarán las leyes para combatirla, pues, dijo, es el primer escalón de la violencia hacia las mujeres.

Una vez hecho público el plan, el Congreso emitirá una convocatoria para que ciudadanos, organizaciones civiles e incluso los alcaldes de la ciudad puedan plantear dudas y hacer comentarios a fin de reforzar el documento de la fiscalía.

En días pasados, esta casa editorial publicó que el Plan de Política Criminal contiene un diagnóstico sobre la situación de inseguridad que se vive en la Ciudad de México, en la que se registró un aumento de 0.8 por ciento de la incidencia delictiva en 2019, respecto de 2018.

Además, el documento contiene las directrices para fortalecer la actuación de los agentes del Ministerio Público y la investigación de los delitos mediante la capacitación de la Policía de Investigación, contratación de personal especializado en atención a víctimas, peritos en criminalística y médicos legistas.

Asimismo, enlista una serie de metas para combatir el rezago de cinco años en materia de cumplimiento de órdenes de comparecencia y aprehensión de delitos de alto impacto. Entre los objetivos se encuentra la implementación de un grupo interinstitucional de aprehensiones en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional para realizar operaciones policiales focalizadas y regionales para la identificación, detención y puesta a disposición de personas que cuentan con órdenes de arresto sin ejecutar.