La Comisión Nacional de Agua (Co-nagua) asigna a la agricultura 76 por ciento de las concesiones para extracción superficial y subterránea del líquido, destinadas a unos 6.5 millones de hectáreas de riego, de las cuales 50 por ciento están bajo control de apenas 86 distritos y el resto lo poseen 40 mil unidades.

La legislación vigente en la regulación del agua favoreció grandes concesiones a los distritos de riego, hay empresas que controlan la distribución del líquido y las cuotas asignadas a los usuarios, advierte la coordinadora Agua para Todos.

Quienes poseen los títulos de asignaciones de agua acumulan poder económico y político en sus regiones y ejercen su poder a nivel nacional a través de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego (ANUR), asegura la coordinadora.

ANUR tiene una relación favorable con la Conagua, que les ha permitido acceso no sólo a las superficiales, sino a volúmenes in-sostenibles de aguas subterráneas, subsidiados mediante una tarifa especial (T09) de la Comisión Federal de Electricidad, indica la coordinadora.

En los distritos, empresas y familias han operado para adquirir los derechos de los ejidatarios, comuneros, indígenas y campesinos, lo cual ha llevado a una concentración peligrosa del control sobre el agua. Poseen el líquido que sale de las presas sin tener que considerar otras necesidades y venden volúmenes de sus concesiones a las cerveceras, mineras, inmobiliarias y otros sectores, agrega.

En un análisis ante la próxi-ma presentación de la Iniciativa Ciudadana del Agua, la coordina-dora refiere que a escala local, el presidente municipal nombra al director del ANUR, a cargo de servicios de agua y saneamiento junto con todos los integrantes del consejo administrativo. Los recursos del organismo terminan financiando campañas electorales, y el acceso a agua sirve para influenciar el voto.

Considera que los dictámenes de factibilidad para nuevos servicios hidráulicos son otorgados según criterios que poco tienen que ver con la disponibilidad hídrica. Además, según la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, los directores duran en sus funciones 1.7 años en promedio.

También refiere que desde la década de los años 50 se establecieron decretos de veda en 146 acuíferos y 344 cuencas del país, pero bajo la Ley de Aguas Nacionales se facilitó el acceso de las empresas a los bienes nacionales. Bajo esta lógica, la Conagua concesionó 21.3 mil millones de metros cúbicos al año de aguas subterráneas y 91.6 mil millones de metros cúbicos de superficiales en franca violación de vedas vigentes.

Apunta que durante el sexenio pasado se inició el levantamiento masivo de vedas sin corregir las condiciones de extracción excesiva o contaminación que les dieron origen, a cambio de reservas que no son más que un ajuste a los cálculos de disponibilidad en cuencas que todavía no son oficialmen-te sobrexplotadas.