El gobierno de Enrique Peña Nieto compró un avión exclusivo para el procurador general de la República valuado en 15 millones de dólares, que se incrementó a 19 millones porque le cambiaron las vestiduras por unas de piel, explicó el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero a diputados de Morena, aunque no precisó si eso ocurrió en la época de Jesús Murillo Karam o de sus sucesores.

El fiscal también informó que, dentro de las irregularidades detectadas en el sexenio pasado, la desaparecida Procuraduría General de la República concesionó su edificio por 40 años a un particular, que lo convirtió en un hotel, y ahora la fiscalía paga 250 millones de pesos al año por concepto de renta en esa sede.

La fiscalía ha tratado de que se le restituya su inmueble mediante procesos legales, pero según su titular existen muchos obstáculos jurídicos que han complicado su recuperación.

También, según la minuta de la reunión que sostuvo con la bancada la semana anterior, Gertz Manero resaltó que existe una tendencia alarmante de impunidad, porque de 33 millones de delitos que se cometen al año sólo 2 millones tienen carpeta de investigación y existen 22 mil órdenes de aprehensión sin ejecutarse.

Indicó que al recibir la FGR se encontraron 350 mil expedientes atrasados que no se habían procesado ni atendido, carpetas con doble contabilidad e incluso que los peritajes eran usados como fuente de negocio.

Van por un Ministerio Público eficaz

Según Gertz Manero, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Congreso una nueva Ley Orgánica para la FGR que atenderá la necesidad de efectuar un verdadero cambio en el sistema de procuración de justicia, donde cada Ministerio Público tenga estructuras eficaces y suficientes para la persecución del delito.

Además, el fiscal presentó propuestas de reforma, entre otras, retirar el monopolio de la persecución del delito a los agentes del Ministerio Público para que las víctimas puedan defenderse por sí mismas y sólo tengan asistencia de la representación social cuando lo requieran.

También se propondrá que haya una ley general de justicia cívica, la cual definirá sanciones en el caso de que las autoridades no atiendan a la ciudadanía y que tendrá nuevos métodos para la reparación del daño a las víctimas del delito, para que, además de la sanción penal, se les devuelva lo robado, así como la homologación del Código Penal, que elimine las distintos tipos penales entre estados.

El fiscal Gertz Manero afirmó que casi 70 por ciento de delitos son de orden patrimonial y de éstos 90 por ciento son por menos de 10 mil pesos; consideró que el desastre en la procuración de justicia inició en 2005 –en el sexenio de Vicente Fox– cuando la violencia se disparó y aumentaron las desapariciones, feminicidios y enfrentamientos.

Señaló que entre 2004 y 2005 se incrementó de mil millones a 100 mil millones el presupuesto de gastos y subsidios a servidores públicos, y de 11 mil a 40 mil millones los recursos a la desaparecida Policía Federal, y a pesar de eso y de reformas en procuración de justicia, no hay resultados positivos en los 15 años recientes.